Gilberto Antonio Andrea, abogado y apoderado nacional de la Asociación de Mujeres Venezolanas Afectadas por las PIP (Asomuvenapip), difundió un comunicado en su cuenta oficial de Youtube, donde denuncia una serie de problemas jurídicos que han surgido luego de intentos de hacer un comercio “indiscriminado con la causa de las víctimas”.
“Se ha hecho un comercio indiscriminado con la causa de las víctimas, todo lo cual es contrario al código de ética del ejercicio profesional de abogado y a la declaración universal de los derechos del paciente firmada en la ciudad de Lisboa, la cual es de aplicación no solamente en nuestro país sino en el mundo entero. Tenemos que recordar el contenido de la ley del ejercicio de medicina y sus diferentes decretos, amén de los instrumentos de ética aplicables tanto a los médicos como los abogados, a la asociación y particularmente a mí como represente legal de esta institución me es complicado analizar el problema surgido con el comercio que se pretende hacer con las afectadas, en virtud de que esta es una causa humanitaria y de que nadie debería estar buscando incurrir en hechos que resulten en la explotación de las víctimas”, sostuvo Andrea durante su comunicado.
Asimismo, el representante legal de Asomuvenapip aseguró “ustedes no son un objeto de comercio, ustedes son víctimas de un hecho horrendo que ha puesto en grave situación no solo su salud, sino también todo lo relacionado a su vida porque esta fue una causa de carácter humanitaria que busco siempre defender su derecho a la salud y a la vida. Les hago un llamado de atención para que no se presten y no se dejen manipular que pretenden comercializar con su dolor”.
“Nuestro abogado está en condiciones en Francia de llevar a cabo la solicitud para la indemnización, pero hechas las observaciones a las que hemos referido en el sentido de que no se puede obtener esa indemnización si ya se ha recibido otra de parte los condenados o de una compañía de seguro, otro aspecto importantísimo es que no tiene un monto fijo, tiene un máximo de 3000 euros, pero el que les diga te voy a dar 500 – 300 euros, te está mintiendo porque no te está diciendo que el máximo son 3000 euros y que el monto de la ayuda va a depender de tu condición particular. El Sarvi es un organismo estatal de Francia, esto es un asunto técnico y por favor no sean víctimas de manipulaciones indecorosas porque este es un caso donde las victimas deben estar con respeto máximo a su dignidad y no pueden ser objeto de comercio (…) lo que se haga en Venezuela debe ser siempre a través de un abogado venezolano”, enfatizó Antonio Andrea.
