Mientras Maryuly Fernández, de 33 años, se colocaba unos implantes mamarios de marca PIP (Poly Implant Prothèse) en un centro clínico ubicado en el sector Paraíso de Maracaibo (2010); en Francia, el país del glamour y de la torre Eiffel, la Agencia Francesa de Seguridad de Productos de la Salud (Afsps) iniciaba una investigación sobre la sociedad mercantil de esas mismas prótesis.
Los resultados de la investigación derivaron en un escándalo mundial que puso en el tapete de la crítica mundial el control sanitario de la Unión Europea: el gel contenido en las prótesis era industrial y no médico. Las autoridades de salud global ordenaron el retiro inmediato de los implantes del mercado, pero ya habían miles de mujeres afectadas en 50 naciones, entre ellas Venezuela, un país donde de acuerdo con Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, se realizan unas 40 mil operaciones de aumento de busto al año. Roturas, desplazamientos, encapsulamiento del implante, esparcimiento del gel y un tipo de cáncer raro por el que falleció una de las afectadas francesas tenían en asombro al mundo entero ya para 2012. Venezuela, por supuesto, no escapaba a esa realidad. Se prohibió la comercialización de las PIP en el país pero ¿y las ya afectadas? Con 40 mil portadoras calculadas, nuestro país ocupó el segundo lugar en el mundo con casos de PIP, solo superado por Gran Bretaña (44 mil pacientes). Francia, donde se fabricaron las prótesis, sumó 33 mil implantadas. Siguieron Argentina y Colombia con 15 mil casos cada uno.
Las miles de afectadas se unieron en grupos de protesta, tanto en Francia como en Venezuela. El abogado venezolano Gilberto Andrea explica: “Dicha alerta nos obligó, como estudiosos del derecho, a realizar un llamado a las mujeres venezolanas acerca de lo que estaba ocurriendo. Se venían conociendo casos muy extraños como que las heridas no sanaban, produciendo supuraciones incontrolables que terminaban deformando y, en el peor de los casos, haciendo perder los senos a quienes habían sido sometidas al implante mamario”.
Andrea hizo un comunicado, a través de su portal web, a todas las mujeres venezolanas con implantes PIP. De, aproximadamente, dos mil llamadas, una llamó más la atención de los investigadores. El caso de Adriana Alejandra Zorrilla (hoy fallecida), una joven de 28 años quien, tras colocarse las prótesis, sufría de un adenocarcinoma de pulmón, no fumaba y nadie en su familia había padecido de esta enfermedad. “Doctor, mi interés no es económico, yo lo que quiero es justicia, que los que me vendieron esto se hagan responsables de lo que ocurrió… No es por mí, es por tantas mujeres que sufren este mal”, le dijo Zorrilla. En esa oportunidad Adriana Alejandra también concedió una entrevista a PANORAMA: “Soy de Petare, Caracas. En 2010 me puse los implantes PIP y un año después gané un cáncer de pulmón que no me permite ni entrar en la lista de quienes podrán retirarse las prótesis porque tengo afectado el sistema inmunológico”, declaró. La presión de la prensa, las protesta de las afectadas y el trabajo de los abogados llamó la atención de la Defensoría del Pueblo que introdujo una demanda ante el TSJ en protección de los derechos difusos y/o colectivos de las afectadas y en ella también se incluyó la acumulación de amparo de Asomuvenapip (Asociación de Mujeres Venezolanas Afectadas por las PIP). El junio de 2012, hace ya seis años, el TSJ admitió la demanda, declaró una sentencia cautelar, ordenó el retiro y reemplazo gratuitos de las prótesis, medida que debía ser custodiada por el Ministerio de Salud (Mpps) y costeada por cirujanos, clínicas, hospitales y la empresa Galaxia Médica, distribuidora de las prótesis en el país. Maryuly Fernández, hoy de 39 años, ya había comenzado a sentir los estragos de tener una sustancia tóxica en el cuerpo. Sentía mucho dolor en el seno izquierdo. “Sabía que había un proceso de ayuda, que el problema se consideró de salud pública, pero no podía esperar más. Cuando me las puse pagué 16 mil bolívares. Para quitármelas 46 mil. No tenía recursos, tuve que quitar prestado y quisiera saber si el Estado puede indemnizar a una persona que por emergencia se tuvo que operar antes de que saliera la sentencia. Me las coloqué porque tenía los senos muy caídos, pero ahora los tengo llenos de cicatrices”, señala. Tras seis años del descubrimiento del fraude sanitario más sonado de todos los tiempos, ¿qué ha pasado con las mujeres afectadas?
