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Piña defiende a Rabat y cuestiona la acusación constitucional

El abogado sostiene que los decretos firmados por Fernando Rabat responden a interpretaciones jurídicas plausibles y que el libelo mezcla política con derecho.

Piña defiende a Rabat y cuestiona la acusación constitucional

Juan Ignacio Piña tomó la defensa de Fernando Rabat en la acusación constitucional presentada por la oposición, en un caso que gira en torno a decretos que otorgaron rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y, además, en tres casos vinculados con derechos humanos.

El abogado, ex subsecretario de Justicia del primer gobierno de Sebastián Piñera y expresidente del Consejo de Defensa del Estado, dijo que asumió el encargo porque no ve configuradas las infracciones que se le atribuyen al ministro.

Piña ve un choque entre política y derecho

Piña sostuvo que las acusaciones constitucionales combinan una dimensión jurídica y otra política, pero advirtió que ninguna debe imponerse por completo sobre la otra. A su juicio, el riesgo es usar ese mecanismo para corregir desacuerdos políticos en vez de acreditar una infracción constitucional o legal.

También señaló que la contestación fue ingresada con rapidez, porque el propio ministro pidió resolver el asunto sin dilaciones. Según dijo, la defensa quedó enfocada en los ejes centrales del libelo y no descartó todavía invocar la cuestión previa.

El abogado comparó este caso con la defensa que ejerció en octubre de 2024 a favor de Carolina Tohá frente a un libelo impulsado por la bancada del Partido Republicano por la crisis de seguridad.

La disputa por la interpretación de la ley

En el fondo, Piña plantea que los capítulos primero y segundo de la acusación se apoyan en interpretaciones legales discutibles, no en una infracción grave. Aseguró que el ministro actuó sobre la base de una jurisprudencia de la Corte Suprema que, según su lectura, venía sosteniendo criterios consistentes sobre la irretroactividad y la aplicación de beneficios penales.

Frente a quienes hablan de un cambio de criterio en los tribunales, el abogado afirmó que no hubo un giro real, sino variaciones en la integración de la sala. Incluso sostuvo que, ante dos interpretaciones legítimas, resulta desproporcionado convertir en una infracción constitucional grave la opción por una de ellas.

Sobre el capítulo vinculado con rebajas en casos de delitos de lesa humanidad, señaló que el debate jurídico no sería sobre si el derecho internacional prohíbe esos beneficios, sino sobre cómo se aplican los requisitos legales y su relación con la reinserción.

Piña también defendió la posición de Rabat frente a los reproches por supuestas falsedades, al afirmar que lo dicho por el ministro se apoya en antecedentes jurídicos que, a su juicio, hacen que sus afirmaciones sean correctas.

Contenido redactado con asistencia de un LLM.

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