La Sala del Senado dio luz verde a una reforma migratoria que amplía facultades para ubicar y notificar a extranjeros con orden de expulsión.
La Sala del Senado de Chile despachó este martes a ley el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros infractores de la ley, en una votación que terminó con 37 respaldos, una abstención y ningún voto en contra.
Más facultades para ubicar y notificar
La norma aprobada entrega nuevas atribuciones a la Policía de Investigaciones, cuyo personal podrá ingresar a inmuebles donde se encuentren extranjeros con órdenes de expulsión vigentes, siempre que exista autorización judicial.
Además, para facilitar la ubicación de quienes deben ser notificados en procedimientos migratorios, el Servicio Nacional de Migraciones podrá requerir a personas naturales, empresas y funcionarios públicos datos como nombre completo, domicilio y correo electrónico de extranjeros en situación irregular, entre otras medidas.
Tras la aprobación, Martín Arrau dijo que ahora será “más fácil expulsar” a migrantes irregulares, porque se podrá ingresar a domicilios con orden judicial, denunciar al Ministerio Público si aparecen indicios de delitos y notificar la orden de expulsión por correo electrónico.
También afirmó que, si se trata de simples delitos o hechos menores, esas causas podrán conmutarse para permitir la salida de esas personas.
Respaldos en el oficialismo y la oposición dura
Desde el Congreso, Miguel Becker sostuvo que la ley permitirá sacar del país “con la mayor rapidez posible” a los inmigrantes ilegales. Agregó que no se puede permitir en Chile lo que, a su juicio, ocurre en Europa con la inmigración descontrolada.
Becker añadió que esperan que la norma ayude a terminar con este problema “a nivel mundial”.
Andrés Longton calificó la reforma como un avance porque agiliza las expulsiones administrativas, facilita el ingreso a domicilios en los casos previstos por la ley, acorta los plazos para impugnar expulsiones y permite acelerar la salida de personas sometidas a procesos judiciales por delitos menores.
El senador sostuvo además que, aunque los ingresos por la frontera han bajado en más de 80%, todavía hay una cantidad importante de migrantes irregulares que no han podido ser expulsados por trabas legales.
Longton también dijo que la nueva ley debe ir acompañada de la colaboración de los tribunales, al advertir que los recursos de amparo han frenado más de 3.700 expulsiones en los últimos años.
Desde el Partido Republicano, Alejandro Riquelme celebró la aprobación de una herramienta que, según dijo, permitirá ejecutar con rapidez las expulsiones de extranjeros que participen en hechos de violencia o cometan delitos, si se cumplen las causales legales.
En la misma línea, Macarena Santelices y Tomás Kast defendieron que la nueva norma entrega más herramientas para ejecutar órdenes pendientes y recuperar el orden, mientras que Fabián Ossandón afirmó que la ley va en la dirección correcta para perfeccionar las expulsiones de quienes llegan a delinquir.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
