Andrea Balladares, presidenta de Renovación Nacional, sostuvo que la crisis abierta en el gobierno de José Antonio Kast por los decretos de rebaja de condenas no debe leerse solo como un traspié de imagen. A su juicio, el riesgo mayor es que el deterioro de la confianza ciudadana termine condicionando la gestión y el proyecto político del sector.
La crisis ya golpea la confianza y la agenda del gobierno
Balladares afirmó que el mandatario reconoció un “error político grave” y que la prioridad del Ejecutivo es corregirlo mediante proyectos de ley en trámite en el Congreso, con foco en las víctimas. Sin embargo, advirtió que la controversia ha desviado la agenda de La Moneda y consume buena parte de la discusión política.
“El riesgo no se limita a la caída de las encuestas”, dijo, al insistir en que el deterioro de la confianza ciudadana puede terminar afectando la capacidad de gobernar. En su lectura, mientras la crisis siga abierta, el oficialismo pierde margen para impulsar sus prioridades: seguridad, empleo y crecimiento.
Sin cambio de nombres, pero con un nuevo diseño político
La dirigenta sostuvo que la salida no pasa necesariamente por una renovación masiva del gabinete ni por reemplazar a un funcionario en particular. En cambio, propuso un “nuevo diseño político” que dé mayor sustento parlamentario y mejore la coordinación entre capacidades técnicas y experiencia política.
Balladares también señaló que el presidente debe ponderar las consecuencias de la crisis, asumir sus costos y cerrar el episodio sin prolongar el desgaste. A su juicio, la responsabilidad de RN es advertir los problemas y cooperar para resolverlos, no guardar silencio frente a las fallas.
Sobre los 56 casos mencionados en la crisis, dijo que deben entregarse con cautela para proteger la identidad de las víctimas. Además, separó este conflicto de otras discusiones, como los indultos por el estallido social o por razones humanitarias, y evitó comprometer por adelantado el voto de sus parlamentarios en una eventual acusación constitucional.
