Diputados y comparecientes cruzaron argumentos sobre la PEC 32/2015 en Brasil. El foco recayó en el estado de las cárceles y en si bajar la edad penal mejoraría la seguridad.
Dos comisiones de la Cámara de Diputados de Brasil dedicaron este miércoles 11 de noviembre a audiencias públicas simultáneas sobre la Propuesta de Enmienda Constitucional 32/2015, que plantea reducir la mayoridad penal. En ambos foros, juristas, abogados, trabajadores de seguridad pública y representantes del gobierno federal y del Ministerio Público discutieron si enviar adolescentes de 16 años a prisiones de adultos resolvería, o agravaría, el problema de la seguridad.
El sistema carcelario entró al centro de la discusión
Entre las posturas que se escucharon hubo un punto de coincidencia: meter a un adolescente condenado en un presidio de adultos no garantiza más seguridad y puede abrir nuevos riesgos. Uno de ellos, según varios de los invitados, sería reforzar la influencia de facciones criminales dentro de las cárceles.
Chico Lucas, secretario nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, expresó preocupación por el envío de adolescentes condenados por delitos de menor potencial ofensivo a establecimientos donde opera el crimen organizado. Sostuvo que, al discutir la reducción de la mayoridad penal, el alcance no se limitaría a delitos violentos o patrimoniales, sino que abarcaría toda la legislación penal. Añadió que el encarcelamiento masivo podría convertir a esos jóvenes en “masa de maniobra” de las lideranzas criminales.
En la misma línea, el abogado penalista Francisco Alminhana, favorable a la reducción, propuso incorporar reglas de transición para el joven condenado. A su juicio, no basta con enviar a esos adolescentes a prisión y luego ignorar que volverán a salir. También cuestionó la capacidad del sistema prisional para resocializar a un menor y dijo que dentro de una cárcel de adultos no tendría protección frente a un sistema dominado en gran parte por el crimen organizado.
El relator de la PEC, Mendonça Filho, también defendió la reducción de la mayoridad penal, pero insistió en que cualquier cambio constitucional debe prever un lugar de cumplimiento de pena distinto al de los mayores de 18 años. Dijo que el sistema prisional brasileño está “sucateado” desde hace mucho tiempo y que se convirtió en “escritorio del crimen”.
Las cifras que relativizan el impacto
En las audiencias, representantes del gobierno federal y del Ministerio Público expusieron datos para cuestionar la eficacia práctica de la medida. André Garcia, secretario nacional de Políticas Penales del Ministerio de Justicia, afirmó que actualmente hay 12,2 mil menores cumpliendo medidas socioeducativas de internación o semilibertad, frente a 727 mil adultos presos. También señaló que, cuando se habla de crímenes hediondos, la participación de menores de 18 años no llega al 2% de los casos.
Garcia defendió discutir cambios en la legislación, pero advirtió que ese porcentaje no tendría, en términos prácticos, un efecto relevante sobre la política de seguridad pública. Según dijo, el ciudadano brasileño no estaría más seguro por esa sola modificación, aunque reconoció la legitimidad del debate y mencionó delitos como estupro, homicidio, latrocinio, feminicidio y tortura como hechos gravísimos que, en su visión, merecen una respuesta penal que hoy considera insuficiente.
Por su parte, Daniele Tuoto, representante del Consejo Nacional de Procuradores Generales y de la Asociación Nacional de Miembros del Ministerio Público, sostuvo en la comisión especial que una modificación del régimen de responsabilidad previsto en el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia podría dar la eficacia que parte de la población espera. Explicó que, hoy, cualquier acto infraccional cometido por un menor tiene la misma previsión de internación: desde un homicidio hasta una lesión corporal, entre seis meses y tres años.
Tuoto defendió que los actos de extrema gravedad puedan ser rediscutidos dentro del sistema de infancia y juventud, con equipos técnicos, cursos, protección y atención especializada, sin necesidad de llevar a los adolescentes al sistema prisional de adultos.
La consigna de “todas las vidas importan” también apareció
Durante la discusión, Mendonça Filho también resaltó la necesidad de castigar el homicidio, al que llamó “el peor de los crímenes”, y afirmó que quitarle la vida a otra persona es la conducta más grave sin importar la edad. En ese contexto, atribuyó de forma incorrecta la frase “todas las vidas importan” al movimiento negro de Estados Unidos.
El movimiento Black Lives Matter surgió en 2013 en Estados Unidos tras la absolución de un hombre blanco acusado de matar a un adolescente negro, y alcanzó repercusión global después de la muerte de George Floyd en 2020 en Minneapolis. En reacción, sectores de derecha y extrema derecha impulsaron la consigna “All Lives Matter” para desviar el foco del racismo y de la violencia policial contra la población negra.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
