ORANJESTAD — Las compañías de tour representadas por los abogados Anthony Ruiz y Milaynie Reinkemeyer pidieron una salida negociada que combine la protección de la naturaleza con una actividad turística regulada, durante el tratamiento del caso sobre UTV y ATV en corte el jueves.
La defensa rechazó un cierre general e inmediato de las áreas involucradas y planteó mediación para alcanzar un acuerdo. Ruiz dijo que representa por lo menos ocho compañías de tour y sostuvo que otros empresarios del sector comparten la misma posición: reglas claras, rutas delimitadas y control efectivo, en vez de una prohibición que pueda afectar la continuidad de sus negocios.
Ruiz abre la puerta a una solución negociada
Según Ruiz, las conversaciones del mes pasado mostraron que existe espacio para regular el sector. El abogado reconoció también la contribución de Aruba Birdlife Conservation al proceso y afirmó: “Mester ta honesto: tur credito pa Birdlife”.
Ruiz mencionó como posibles partes de un acuerdo rutas obligatorias, velocidad máxima, limitación de la cantidad de UTV y multas. Añadió que los touroperadores están dispuestos a aceptar la supervisión de un administrador, siempre que existan reglas claras para aplicar.
De acuerdo con su relato, los touroperadores pidieron a Aruba Birdlife Conservation que indicara sobre el terreno por dónde podía pasar una ruta con el menor impacto posible, aunque esa cooperación no se materializó.
La defensa advierte sobre el impacto en empleo e inversión
Reinkemeyer planteó que las exigencias de Aruba Birdlife Conservation podrían tener consecuencias duraderas sobre las operaciones, la inversión, las obligaciones contractuales y los trabajadores de las empresas involucradas. Según la defensa, esas compañías ofrecen trabajo a centenares de personas, con familias que dependen de esos ingresos.
El abogado afirmó que los touroperadores reconocen la importancia de proteger la naturaleza, pero que eso no justifica de manera automática un cierre general, inmediato e incondicional. La posición expuesta fue que los intereses de la naturaleza, el turismo, el empleo y el empresariado deben evaluarse juntos.
También sostuvieron que el sector sufre por la falta de regulación. La defensa alegó que operan personas sin los permisos necesarios, que hay conductas irresponsables y que ciertos incidentes dañan la reputación de todo el sector. Reinkemeyer dijo que no tienen interés en sostener una situación sin reglas y defendió un sistema con rutas designadas, condiciones de uso, supervisión, control y monitoreo ambiental.
El juez dejó abierta la vía de mediación
Los abogados cuestionaron si la información presentada por Aruba Birdlife Conservation es suficiente para justificar un cierre completo de las áreas mencionadas. Pidieron investigaciones actuales y específicas sobre presencia de especies protegidas, ubicación de nidos, intensidad de tráfico, erosión, polvo y ruido, además del alcance geográfico y la vigencia de ciertas clasificaciones ambientales usadas en el proceso.
En otro punto, objetaron las medidas solicitadas para limitar la importación y el reemplazo de ATV y UTV. Según la defensa, eso podría afectar directamente a los distribuidores e importadores, incluidos pedidos pendientes, garantías y obligaciones de servicio.
Tras la petición de Ruiz, el juez indicó que, si las partes llegan a un acuerdo para entrar en mediación, deben informarlo a la corte a más tardar una semana antes de la fecha fijada para sentencia. Eso no significa que la mediación ya haya sido acordada, sino que depende de la disposición de las partes para participar.
La defensa cerró pidiendo el rechazo de las exigencias de Aruba Birdlife Conservation y sostuvo que todavía es posible una solución regulada que proteja la naturaleza y permita un turismo responsable.
Según los abogados, la diferencia sobre los detalles de rutas y control no demuestra que el diálogo sea imposible, sino que aún queda trabajo para llegar a un acuerdo.
