La fusión de ambos expedientes refuerza la acusación de un circuito común de dinero y limita las defensas cruzadas. También ordena una causa que llevaba años fragmentada.
La unificación de los expedientes de Hotesur y Los Sauces mueve el tablero judicial de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Al concentrar todo ante un mismo tribunal, la acusación gana la posibilidad de reconstruir un mismo recorrido del dinero y se achica el margen para apelar a fallos contradictorios.
Hasta ahora, la división de las causas dejaba abierta una defensa clave: que una eventual absolución en un proceso pudiera ser usada como argumento en el otro. Ese riesgo fue uno de los fundamentos que los fiscales expusieron para pedir que ambos juicios se tramitaran juntos.
La fiscalía busca probar una maniobra única
Según la acusación, no se trata de dos historias aisladas, sino de una misma maniobra de lavado de activos canalizada por dos empresas de la familia Kirchner. Esa tesis fue reforzada por el dato de que ambos expedientes comparten 16 imputados.
El fiscal ante Casación, Mario Villar, retomó los planteos de Gerardo Pollicita, Juan Ignacio Mahiques y del exjuez de la Cámara Federal Martín Irurzun para sostener que la prueba debía evaluarse de forma integral. Diego Velasco, por su parte, advirtió sobre el riesgo de cosa juzgada si los casos seguían separados.
La hipótesis de fondo es que las sociedades habrían recibido fondos de empresarios favorecidos con contratos estatales durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. En ese esquema, Los Sauces funcionó como inmobiliaria familiar y Hotesur como la sociedad propietaria de hoteles.
Los fiscales sostienen que la conexión entre ambas firmas permite seguir una ruta común: contratos públicos, pagos privados y retorno del dinero al entorno familiar. La unificación, insisten, facilita examinar esas piezas en un solo expediente.
Los números que mirará el tribunal
En el expediente se mencionan varios elementos que la acusación considera centrales. Uno de ellos es que los contratistas del Estado representaron el 86 por ciento de la facturación de Los Sauces. Otro es que Lázaro Báez habría pagado unos 70 millones de pesos, a valores históricos, en alquileres a esa firma.
La fiscalía también sostiene que, en 2017, Pollicita y Mahiques estimaron que al menos 86 millones de pesos provenientes de fondos vinculados con la obra pública terminaron incorporados al patrimonio familiar. Además, la pericia citada por la acusación indicó que el 67,64 por ciento del dinero analizado fue a cuentas bancarias de la familia Kirchner.
Para Máximo Kirchner, el impacto no es solo judicial. El diputado deberá afrontar el proceso mientras se acerca la campaña electoral de 2027, en la que buscaría renovar su banca en la Cámara baja. La continuidad del mandato podría preservar sus fueros parlamentarios, aunque no impediría el juzgamiento ni una eventual condena.
La defensa de Cristina Kirchner ha sostenido que las operaciones fueron facturadas, declaradas y bancarizadas. Los fiscales responden que esa formalidad no alcanza por sí sola para probar que los negocios fueran genuinos. Ahora, el tribunal deberá decidir si los alquileres, los contratos hoteleros y las operaciones inmobiliarias fueron transacciones lícitas o partes de un mismo circuito presuntamente ilícito.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
