Los fiscales de Vialidad reclamaron apartar a Sergio Felipe Pejkovic de las tasaciones del decomiso y que explique su relación con Lázaro Báez.
Los fiscales del juicio Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, pidieron apartar a uno de los peritos tasadores designados por Cristina Kirchner para intervenir en el proceso de decomiso de bienes, luego de detectar presuntos vínculos comerciales con Lázaro Báez.
El pedido fiscal
Se trata de Sergio Felipe Pejkovic, titular de una inmobiliaria de Río Gallegos. Su nombre apareció en una escucha telefónica incorporada a otra causa judicial, en la que se investiga si Báez sigue administrando y explotando su patrimonio desde la cárcel.
Según los elementos reunidos en esa investigación, Pejkovic habría administrado propiedades del empresario y mantiene contacto con uno de sus principales hombres de confianza.
Luciani y Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2, a cargo de la ejecución de Vialidad y del decomiso, que el profesional explique qué vínculo tiene con Báez, con su familia, con sus empresas y con su entorno. Mientras tanto, pidieron que sea excluido de las inspecciones y tasaciones de los bienes vinculados al empresario.
El vínculo bajo la lupa
En su presentación, los fiscales sostuvieron que el problema no pasa por la posición procesal de Pejkovic frente a quien lo designó, sino por un posible interés propio en la valuación de bienes que pertenecen a un tercero condenado.
También advirtieron que Báez es obligado solidario al pago del decomiso junto a Cristina Kirchner, por lo que cualquier variación en la tasación impactaría en el monto que se tendrá por satisfecho.
El nexo surgió en una investigación que lleva adelante el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate. A partir del intercambio de información entre ambas fiscalías, Luciani y Mola advirtieron los vínculos del tasador con el entorno de Báez.
En una presentación del 10 de noviembre, ya habían alertado sobre un posible conflicto de intereses que podría comprometer la objetividad del perito. Además, reclamaron que el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema informe el estado de avance de las tasaciones, ordenadas hace un año por el tribunal y cuya conclusión es necesaria para ejecutar el decomiso, cuyo monto actualizado asciende a casi $685.000 millones.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.