La Justicia ordenó 80 allanamientos en varias provincias y detuvo a ocho personas por una maniobra que, según la investigación, usaba datos de personas de bajos recursos para cobrar reintegros del IVA previstos para el sector agrícola.
La maniobra investigada
De acuerdo con el expediente, la organización reclutaba personas en situación de vulnerabilidad social para simular actividades agrícolas y apropiarse de los reintegros del Sistema de Información Simplificado Agrícola, conocido como SISA.
Las medidas fueron dispuestas por el juez Gustavo Meirovich, del Juzgado en lo Penal Económico N°2, con intervención de la Fiscalía en lo Penal Económico N°7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales. En los operativos participó la Policía Federal.
Las tareas estuvieron a cargo de personal de ARCA y del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, dirigido por Ariel Gastón Bessone.
Cómo funcionaba el esquema
Según los elementos reunidos en la pesquisa, los falsos productores inscriptos en el sistema no tenían capacidad económica, operativa ni financiera para desarrollar explotaciones agropecuarias. La red, además, abría y administraba cuentas bancarias mediante tarjetas de débito controladas por sus integrantes.
Así, los fondos devueltos por el fisco terminaban en manos de quienes organizaban el esquema y no de las personas inscriptas como supuestos trabajadores rurales.
Durante los procedimientos, la Justicia ordenó también el secuestro de maquinarias agrícolas, vehículos, dispositivos electrónicos y valores.
El régimen de reintegros bajo control fiscal
El SISA fue creado para unificar los registros y regímenes informativos de SENASA, INASE y ARCA, con el fin de simplificar trámites, sistematizar la calificación de los actores del sector y sostener el control fiscal sobre la producción y comercialización de granos, semillas en proceso de certificación, cereales, oleaginosas y legumbres secas.
La normativa vigente, según el material judicial, obliga a inscribirse a productores, operadores de la cadena comercial y propietarios u ocupantes de inmuebles rurales explotados en todo el territorio nacional donde se desarrolle esa producción.
El beneficio central que la red habría aprovechado es el Régimen Especial de Reintegro Sistémico del Impuesto al Valor Agregado, que devuelve de manera automática en la CBU del productor un porcentaje —o la totalidad— de las retenciones de IVA practicadas al momento de la venta de granos o semillas.
La acreditación de esos montos se realiza, siempre según la misma normativa citada en la causa, hasta el último día hábil administrativo del mes en que se presenta la declaración jurada de IVA correspondiente al período fiscal de la retención, con un plazo estimado de 45 días. Para liberar los fondos, el solicitante debe cumplir con requisitos estrictos vinculados con deudas, documentación comercial y registración bancaria.




