Lázaro Báez quedó otra vez en el centro de una investigación judicial en Argentina. Esta vez, la fiscalía lo ubica al frente de una presunta estructura que habría combinado lavado de dinero, desobediencia a cautelares y vínculos con una organización ligada al narcotráfico en la Patagonia.

La causa, radicada en la fiscalía federal de Río Gallegos, se apoya en escuchas telefónicas, documentos, cuadernos y fotografías. Entre los elementos citados por los investigadores aparece una comunicación en la que Báez, desde el Penal de Ezeiza, exigió la actualización de un alquiler y se presentó como quien mandaba sobre esos bienes.

Cuadernos, bienes cautelados y un circuito de dinero

Según la acusación, la maniobra habría girado sobre un patrimonio que ya estaba judicialmente embargado o decomisado. El Ministerio Público Fiscal sostiene que no se crearon empresas nuevas para esconder fondos, sino que se operó sobre activos preexistentes que ya estaban bajo control judicial.

Entre los bienes mencionados figuran las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, además de inmuebles en Río Gallegos y El Calafate. También se mencionan Austral Agro y Kank y Costilla como parte de la estructura investigada.

La pesquisa incorporó dos cuadernos secuestrados. Uno estaba en la celda de Báez, con detalles sobre dinero recaudado y posibles fondos a recuperar. El otro pertenecía a Claudia Insaurralde, donde quedaron anotadas fechas de cobros, nombres de quienes entregaban el dinero y a quiénes reclamar.

La línea narco que abrió otra causa

La fiscalía también enlaza esta investigación con una pista por narcotráfico surgida en otra causa llamada “Lubricentro”. Allí apareció una escucha que encendió las alarmas y derivó en un nuevo expediente apodado “Tío”.

En ese tramo, los investigadores citan referencias a una supuesta logística con maquinaria, camiones y propiedades vinculadas a Báez. También aparecen expresiones como “el tío” y “la tía” para referirse a personas del entorno del empresario, así como una frase atribuida a una conversación telefónica: “Fuimos a Corrientes a buscar máquinas del Tío Lázaro”.

De acuerdo con la acusación, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 hubo 677 transacciones bancarias en cuentas vinculadas a Sebastián Ibañez y Jorge Ulloa. De esas operaciones, 662 fueron acreditadas por un monto de 380.620.089 pesos.

Los fiscales sostienen que Báez habría dado órdenes desde la cárcel para mantener en explotación comercial bienes alcanzados por decomisos previos y derivar sus beneficios económicos. La acusación también lo vincula con una asociación ilícita dedicada al lavado de activos, la insolvencia fraudulenta y la defraudación.

En una de las conversaciones citadas por la pesquisa, Báez habría dicho: “El único dueño acá soy yo, ni mi familia, ni abogados, ni nadie”. Para los investigadores, esa frase resume el presunto control que conservaba sobre los bienes pese a las restricciones judiciales.