Los 21 magistrados de los tribunales orales federales objetaron una reforma que les permitiría intervenir también en causas de primera instancia. Pidieron ser escuchados antes de cualquier cambio.
Los 21 jueces de los tribunales orales federales de Comodoro Py salieron a frenar un rumor que ya circulaba en los pasillos judiciales: una posible reforma para que, con la puesta en marcha del sistema acusatorio, los magistrados de primera instancia y los de juicio pasen a cumplir ambas tareas en una misma bolsa de jueces.
La reacción quedó formalizada en una nota enviada al gobierno nacional, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a otros organismos. Allí advirtieron que una unificación de funciones “no haría más que desnaturalizar nuestra función como jueces de juicio” y reclamaron que, si la iniciativa avanza, sean convocados para participar de la discusión.
El sistema acusatorio y el cambio de esquema
El sistema acusatorio altera la lógica de investigación penal: los expedientes quedan exclusivamente a cargo de los fiscales y los jueces intervienen solo para resolver los planteos que presentan las partes. Además, fija plazos para definir las causas y busca que las controversias se resuelvan antes de llegar a juicio oral.
Según el texto, el modelo apunta a que a esa etapa lleguen sobre todo causas de crimen organizado, como corrupción o narcotráfico. A nivel federal, el esquema ya rige en casi todo el país y solo restan cuatro jurisdicciones por aplicarlo: Paraná, prevista para el mes siguiente; Córdoba, en marzo; la ciudad de Buenos Aires, que incluye Comodoro Py y el fuero Penal Económico, en febrero; y San Martín, todavía sin fecha.
La puesta en marcha en Comodoro Py había sido prevista para agosto del año anterior, pero fue postergada en tres oportunidades por resistencias internas y falta de recursos. La nueva fecha mencionada es el 15 de febrero del año anterior, aunque el propio escenario aparece rodeado de dudas y de una posible nueva suspensión.
La advertencia de los 21 magistrados
La reforma especulada no se limita a una reorganización administrativa. Los jueces plantean que, si se fusionan los colegios de garantías y de juicio, cualquier magistrado podría asumir causas de primera instancia o hacer juicios orales sin respetar la división actual.
Eso ya ocurrió en Mendoza y Rosario, según el material difundido, donde ante vacantes en juzgados de garantías algunos magistrados de tribunales orales pasaron a cubrir esos cargos de manera voluntaria, sin una resolución obligatoria.
En la nota firmada por la presidenta del colegio de jueces de los tribunales orales, Sabrina Namer, y el vicepresidente, Guillermo Costabel, sostienen que el esquema propuesto correría el riesgo de apoyarse en “necesidades concretas o consideraciones teóricas” pensadas para otros delitos, objetivos o jurisdicciones, y que eso desnaturalizaría su rol como jueces de juicio.
Los magistrados también rechazaron que el nuevo sistema les reste trabajo. Señalaron que, además de juzgar las causas del sistema oral, deben dictar sentencias, resolver planteos de las partes y cumplir la ejecución de sentencia, es decir, controlar las condenas de las personas privadas de libertad.
Entre los casos complejos que seguirían bajo su órbita mencionaron los expedientes de Cristina Kirchner por Hotesur-Los Sauces y el memorándum de entendimiento con Irán. Por eso, insistieron en que cualquier cambio que afecte su función debe discutirse con ellos antes de adoptarse.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
