La Cámara baja argentina debatirá la llamada ley Malvinas, que agrava castigos por explotar recursos en el Atlántico Sur sin permiso y crea un consejo de seguridad.
La Cámara de Diputados de Argentina buscará este martes dar media sanción a la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley Malvinas, en una sesión que el oficialismo prevé prolongar por unas 12 horas.
El proyecto apunta a endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales renovables o no renovables en el Atlántico Sur sin autorización argentina. El texto incluye multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos involucrados en actividades irregulares.
El oficialismo cedió en parte sobre los accionistas
Tras las negociaciones con bloques aliados y las presiones del gobierno de Estados Unidos, el oficialismo aceptó excluir a accionistas minoritarios con participaciones de hasta 2% y a fondos de inversión indirectos.
La iniciativa también prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente y con participación permanente de la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, además de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.
Un nuevo consejo con poder de revisión sobre inversiones
Ese organismo podrá coordinar políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior. Además, tendrá la facultad de analizar inversiones de Estados extranjeros o de compañías de capital extranjero en sectores considerados sensibles, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
Ese artículo genera preocupación entre los aliados, que temen que el gobierno nacional pueda trabar inversiones negociadas por las provincias. A pedido de legisladores aliados, el proyecto incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar las decisiones del Consejo, mientras que el Poder Ejecutivo deberá informar a ese cuerpo, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte.
Las penas por influir en procesos electorales
La propuesta incorpora penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes actúen por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero con el fin de alterar procesos electorales, manipular la opinión pública o condicionar decisiones de autoridades.
Si bien el dictamen excluye de esa figura a la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses, desde la oposición sostienen que la redacción no es lo suficientemente clara y que podría afectar la libertad de expresión y el trabajo de organizaciones no gubernamentales. También adelantaron que, si no hay cambios, el Título VII podría ser rechazado en el recinto, ya que requiere una mayoría especial de 129 votos positivos por modificar el Código Penal y el régimen de partidos políticos.
Durante el debate en comisión, la funcionaria de la Secretaría de Legal y Técnica Paula Taddei se comprometió a volver a redactar algunos artículos, aunque los aliados señalaron que solo se hicieron cambios en algunas palabras que no modifican el sentido general.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.