El oficialismo busca dictamen para llevar el proyecto al recinto, pero el capítulo electoral sigue sin reunir respaldo pleno y abre una negociación clave.
El oficialismo parlamentario apura el cierre de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional para intentar llevarla al recinto de Diputados, mientras persisten las dudas sobre el capítulo electoral, que exige una mayoría absoluta de 129 votos afirmativos.
El capítulo electoral, el punto más sensible
La iniciativa puede avanzar en general con mayoría simple, pero el título llamado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales” y otras modificaciones quedó en el centro de la discusión por el alcance de sus cambios sobre normas electorales y penales.
Ese apartado incluye artículos que fueron reformulados tras el rechazo que generaban. Uno de ellos preveía penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intentaran interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promovieran o financiaran actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.
El texto fue aclarado para excluir de esa definición la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio periodístico y la investigación académica, además de la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable.
También se incorporó una prohibición para personas humanas extranjeras sin residencia permanente en el país y personas jurídicas extranjeras, que no podrían realizar actos de financiamiento, organización, dirección o ejecución de actividades de campaña electoral o propaganda electoral.
Las negociaciones y las dudas en los bloques
En paralelo, el oficialismo busca sumar respaldos en distintos bloques, aunque todavía hay posiciones divididas. El PRO acompaña la iniciativa en su totalidad, la UCR sostiene que faltan “detalles” y varias bancadas federales no definieron su postura o piden cambios.
La bancada de Argentina Federal, integrada por misioneros y salteños, firmó el dictamen en disidencia y sostiene que debería eliminarse por completo ese capítulo. En Provincias Unidas también hay diferencias: los que responden a gobernadores se inclinan a acompañar, mientras que otros no. Los tres diputados catamarqueños, en tanto, todavía no fijaron posición.
Entre los puntos más discutidos aparece el de las “infraestructuras críticas”, sobre el que insistieron algunas provincias y sectores empresariales. El dictamen agregó además un párrafo para despejar temores sobre un eventual control o censura de datos e información a través de redes y sistemas.
El Gobierno también precisó el rol que tendría el Congreso en ciertos escenarios vinculados con aeronaves o buques militares de países extranjeros y con riesgo inminente de guerra o represalias militares. En esos casos, el Legislativo debería autorizar al Ejecutivo a seguir adelante o no.
La discusión ocurre mientras el oficialismo define si convoca sesión para el 18 de noviembre, con el Presupuesto 2027 como prioridad, o si opta por un plan alternativo con la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En el entorno parlamentario, además, circulan sospechas de que las autoridades de Diputados, encabezadas por Martín Menem, traban el avance del proyecto por haber sido impulsado por Santiago Caputo.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
