El contrabando y la subfacturación de importaciones le costarían al Estado argentino US$2.855 millones en ingresos fiscales durante 2026, una cifra equivalente al 0,4% del Producto Interno Bruto.

La estimación surge de un informe de MAP LATAM que analiza 15 sectores de la economía. Ese universo representa el 2,6% del PIB y el 14,5% del producto manufacturero, por lo que la pérdida fiscal calculada equivale al 120% de la recaudación estimada por Impuestos Internos y a 1,6 veces los ingresos por Bienes Personales.

Los sectores más afectados

Del total proyectado, US$2.283 millones corresponden al contrabando y US$572 millones a la subfacturación. Las bebidas espirituosas concentran la mayor pérdida fiscal, con unos US$1.400 millones. Luego aparecen la indumentaria, con US$470 millones; los celulares, con US$255 millones; los cigarrillos, con US$230 millones; y los agroquímicos, con US$205 millones.

En términos de penetración del comercio ilegal, la perfumería árabe registra la mayor incidencia: 83% del mercado sería contrabando. En celulares la proporción llega a 40% y en juguetes a 33%. En textiles, marroquinería y televisores, el problema se expresa sobre todo en importaciones subfacturadas. El relevamiento también identifica operaciones ilegales en yerba mate, neumáticos, calzado, pequeños electrodomésticos y cigarrillos, y advierte que el fenómeno alcanza otros rubros no cuantificados, entre ellos medicamentos, productos médicos, alimentos y materiales de construcción.

El informe sostiene que la pérdida de recaudación alcanzaría para financiar la construcción de unas 2.400 escuelas, 120 centros de salud ambulatorios o 2.250 kilómetros de rutas nacionales.

MAP LATAM describe el comercio ilícito como un fenómeno estructural, agravado en un contexto de apertura y desregulación. Entre los cambios recientes menciona la eliminación, en 2024, del control documental y físico obligatorio para textiles, calzado y productos alcanzados por medidas antidumping, así como la eliminación de los valores criterio de importación, una herramienta usada para detectar y frenar la subfacturación antes del despacho de la mercadería. Hoy, el control de valor es posterior y selectivo.

El estudio también señala tecnología aduanera obsoleta y falta de capacitación del personal en puertos y fronteras. Argentina cumple con los estándares internacionales en información anticipada, gestión de riesgo y operadores económicos autorizados, pero presenta cumplimiento parcial en control de valor e inspecciones físicas y no intrusivas. Además, no cumple con los estándares de medición de resultados.

La evolución de los indicadores internacionales también refleja el deterioro: Argentina ocupa el puesto 120 entre 158 países en el componente de comercio ilícito sectorial del índice de TRACIT de 2025. En el Global Organized Crime Index de GI-TOC, figura en el puesto 16 entre 193 en comercio ilícito de bienes gravados, frente al puesto 27 que ocupaba en 2023.

El informe añade que el contrabando impediría generar 11.300 empleos formales en siete sectores donde fue posible calcular ese efecto, un 22% más que los puestos que esas actividades tenían en 2025.

También advierte que la mercadería de contrabando puede eludir inspecciones sanitarias, de calidad o seguridad, sin facturas, garantías ni servicio posventa, mientras el aumento de la evasión y de los circuitos de dinero ilegal presiona sobre las empresas que operan en regla y debilita los incentivos para mantenerse en la formalidad.