Horas antes del allanamiento del 1 de diciembre en Sur Finanzas, el juez Tomás Rodríguez Ponte incorporó a la causa una serie de mensajes de madrugada que, según su reconstrucción, apuntan a borrar rastros y mover activos en torno a los procedimientos. En esa secuencia aparece Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA, y también varias personas de su entorno que intercambiaron órdenes sobre cámaras, sistemas, efectivo y vehículos.

Los chats que quedaron bajo la lupa judicial

La reconstrucción judicial ubica a las 2:07 de la madrugada un mensaje de Susana Hoffman a un encargado de sistemas: “necesitamos que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”. Más tarde, a las 2:57, Daniela Sánchez, secretaria personal de Vallejo, escribió: “mañana Agustín va a ir temprano, decile que borre todas las cámaras”.

Para Rodríguez Ponte, esas órdenes no fueron hechos aislados. En su escrito habló de un “protocolo” que habría incluido eliminación de registros, retiro de efectivo de las sucursales, ocultamiento de vehículos y traslado de computadoras en torno a los allanamientos.

La misma secuencia judicial menciona otros mensajes. El 28 de noviembre, Micaela Sánchez preguntó a una empleada si había “algo raro”. La respuesta, según la reconstrucción del juez, fue: “Por el momento tranquilo, estamos operando solo blanco”; luego agregó que ya habían “arqueado todo” y que “solo lo blanco está afuera”.

La hipótesis de lavado y la respuesta de la defensa

En el expediente, la Justicia también apuntó a una supuesta inconsistencia entre los montos acreditados y las ventas declaradas por una de las casas de cambio bajo control de Vallejo, Centro de Inversiones Concordia. Según esa hipótesis, en sus cuentas “se habrían acreditado al menos $4.040.114.708 en 2022”, una cifra que “no se correspondía con las ventas declaradas para ese año ($2.440.801.851)”.

Vallejo, en declaraciones judiciales incluidas en el acta de procesamiento, sostuvo que las casas de cambio bajo su control operaron US$108,1 millones en época de cepo y que obtuvo una ganancia de entre dos y veinticinco pesos por dólar. La defensa, además, rechazó la idea de que hubiera un “ejército de soldaditos” utilizado para el lavado y negó que el financista diera órdenes para borrar cámaras o desconectar sistemas.

El juez también relacionó la compra de la billetera virtual Sur Finanzas PSP con la expansión del grupo y la ubicó en el centro de la denuncia por presunto lavado de activos. En esa línea, señaló que la supuesta venta de dólares en el mercado paralelo podría ser el delito precedente del lavado.

La secuencia no terminó el mismo día del allanamiento. El 2 de diciembre, Juan Ramón Cervín escribió a su pareja: “ahora estamos yendo a lo de Rolo a esconder las tres camionetas”. Y el 3 de diciembre, Nahiara Gamarra le pidió al encargado de sistemas que se conectara a su computadora y “la limpie bien”; ante la pregunta “¿puedo borrar todo?”, respondió: “borrá todo sí”.

Tras dictar los procesamientos, Rodríguez Ponte le concedió a Vallejo la prisión domiciliaria. También dejó planteado que la investigación sobre los fondos movilizados a través de Sur Finanzas seguirá sobre distintas hipótesis, y dijo que espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado sobre la contabilidad que vincula a la empresa con clubes a los que patrocinó o prestó dinero.

En sus descargos, varias de las personas mencionadas negaron las acusaciones y atribuyeron sus mensajes a tareas administrativas o de soporte. La resolución, sin embargo, mantuvo la lectura judicial de una maniobra coordinada en las horas previas y posteriores a los allanamientos.