La Confederación General del Trabajo (CGT) definió su hoja de ruta para el cierre de año, centrada en la crítica situación financiera que atraviesan las obras sociales. La mesa chica de la central sindical, reunida en la sede del Sindicato del Seguro, acordó una movilización para el próximo jueves 26 de noviembre ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ubicada en la calle Bartolomé Mitre al 400.
Reclamos por el sistema de salud
Los dirigentes sindicales califican el estado de las obras sociales como una crisis «casi terminal». Según datos expuestos por la organización, el 90% de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución se destina actualmente a cubrir prestaciones por discapacidad, con un costo promedio de un millón de pesos por afiliado. Esta carga financiera, que asciende a unos 160 mil millones de pesos mensuales, limita la capacidad de reintegro para tratamientos de alta complejidad y medicamentos costosos.
La CGT sostiene que el ministro de Salud, Mario Lugones, no ha dado respuestas a las propuestas presentadas durante tres encuentros reservados realizados en meses previos. La demanda central apunta a que los costos de transporte y educación vinculados a la discapacidad sean absorbidos por las áreas gubernamentales correspondientes, liberando así fondos para el sistema de salud gremial.
Nuevas modalidades de protesta
Para mediados de diciembre, la central sindical planea implementar una modalidad de protesta inédita: un cese de actividades de dos a cuatro horas con asambleas en los lugares de trabajo. Esta estrategia busca visibilizar los reclamos sin afectar el salario ni el presentismo de los trabajadores, distanciándose de la metodología de los paros generales.




