El Ministerio Público imputará en las próximas horas a los fiscales 38° nacional encargado y auxiliar, Edgar Angulo Betancourt y Richard Daal Colina, respectivamente, por presuntamente haber solicitado 800 mil dólares a un privado de libertad a cambio de iniciar el juicio que se sigue en su contra, el cual había sido diferido en varias oportunidades.
También imputarán al funcionario acreditado de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Jackson González Vargas; además de la secretaria del Tribunal 6° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC) Leisy de Farías Tabares, quienes estarían vinculados con el hecho.
Las fiscales nacionales 11ª auxiliar y 51ª, Estefani Sosa y Marijosé Frutillé, respectivamente, presentarán a los cuatro funcionarios ante el Tribunal 4° de Control del AMC por estar presuntamente incursos en delitos previstos en la legislación venezolana.
La investigación inició el pasado 05 de abril, cuando el abogado del privado de libertad denunció ante la Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público que los fiscales de la institución y la citada funcionaria del tribunal le solicitaron 800 mil dólares a su representado a cambio de no continuar difiriendo el juicio.
