El superintendente nacional de Precios Justos (Sundde) William Contreras, declaró este martes 6 de diciembre que a raíz del aumento del dólar ‘criminal’ (paralelo) han recibido denuncias de remarcaje de precios casi a diario de los precios de los procesos de producción y distribución.
“A las personas les cerraban las puertas de las tiendas en su cara para remarcar los precios”, dijo Contreras en una entrevista concedida a VTV.
Indicó que la Sundde, dependiendo del tipo de establecimiento y del número de trabajadores, está ordenando es la rebaja inmediata de un 30 y hasta 50%. «Lo tengo que decir responsablemente, todas esas empresas en general del comercio en diferentes tamaños remarcaron todos los precios sin justificación, del 300 al 1.000%», expresó Contreras.
El superintendente enfatizó que el remarcaje es un delito tipificado por la Ley Orgánica de Precios Justos y durante las inspecciones han encontrado maneras sofistificadas de hacer esta práctica ilegal. Sostuvo que existen incluso aparatos que simulan el número de lotes de inventarios que hacen imperceptible el fraude al consumidor.
Mencionó que esta medida también es una repuesta ante el ataque cibernético del viernes 2 de diciembre cuando una falla en la plataforma tecnológica afectó las operaciones financieras y bancarias en más de 200 mil puntos de venta. Subrayó que este golpe silencioso a la economía ya lo venían detectado desde hace tiempo y por eso ordenaron operativos que ya están varios en curso como el condicionamiento de venta y de las las comisiones por el avance de efectivo.
Añadió que además del remarcaje también está el acaparamiento de la mercancía, cuando el dueño del establecimiento solo ofrece lo que está la vista en las vitrinas e inhabilita los medios de pagos electrónicos, haciéndolos más lentos para que no roten los productos.
Conteras aseguró que el dólar ‘crirminal’ no tiene ninguna sustentación en una economía real, pero sí en mecanismos que atenta contra el valor auténtico de la moneda como lo es el sistema bancario que opera en la frontera.
«Actualmente por cada bolívar entregan menos de un peso cuando corresponde a la paridad cambiaria que opera entre ambos países podría ser de al menos de 4,8 pesos por bolívar. Cuando uno capta eso suena sencillo, pero qué quiere decir eso, significa que un salario mínimo en Colombia son 680 mil pesos al cambio en la frontera, si lo hacemos uno a uno como hacen los cambistas criminales, se convierten en 680 mil bolívares que no es no un salario mínimo que ganan los venezolanos, pero son 680 mil bolívares de manos de ciudadanos que participan de una economía criminal, no estoy hablando solamente de colombianos sino de venezolanos que se prestan para el mecanismo de extracción de papel moneda. La moneda como tal, el papel moneda es una mercancía de contrabando en este momento», dijo el funcionario.
Añadió que el delito que se comete con la moneda nacional permite ‘financiar’ esa capacidad de compra a favor de los participantes de la economía ‘criminal’, no solamente financia la compra del precio de regulación de productos de primera necesidad sino que financia la compra de tierras, edificio, centros comerciales.
«Cuando me llega la ‘sicaria económica’ de Consecomercio diciendo que el problema es la estructura de costos nosotros estamos viendo este mecanismo que no está asociado al funcionamiento de la estructura de costos, que hay un mecanismo subyacente que le da vida de alguna manera o que le da sustento ‘criminal’ a la realidad del funcionamiento de la economía venezolana», recalcó Contreras.
En el caso de los alimentos la Gran Misión Abastecimiento Soberano tiene al menos 800 empresas, productoras y grandes distribuidoras, los comités productivos de trabajadores y mecanismos de seguimiento para asegurar que el producto llegue a donde tenga que llegar.
Contreras dijo que las comercializadoras han sido advertidas de ser sancionadas si acaparan productos de años anteriores.
