El diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, cuestionó como «licencia para delinquir» la .
«Cualquier contrato que emita Venezuela necesita, por mandato constitucional, debe llevar el visto bueno de la Asamblea Nacional. Si el gobierno pretende, con esta decisión inconstitucional, violentar el ordenamiento jurídico venezolano nosotros estamos obligados de advertir a los inversionistas nacionales o extranjeros. Ninguna política de crédito público que no esté autorizado por la ley y quienes legislamos somos la Asamblea Nacional, cualquier política de endeudamiento, tiene la obligación de ser autorizado», señaló el diputado.
Reiteró que «esta licencia para delinquir que le da la Sala ‘inconstitucional’ al gobierno, no puede ser tampoco utilizado por lo inversionistas nacionales o extranjeros. Cualquier acto que viole la constitución es nulo, por tanto una política de endeudamiento en estas condiciones tendrá que ser desconocida por este parlamento como por cualquier gobierno que a futuro tenga Venezuela»
