El debate sobre la ley de soberanía quedó en pausa mientras el oficialismo negocia retoques por la presión opositora y observaciones llegadas desde Estados Unidos.
El oficialismo en la Cámara de Diputados frenó el impulso para tratar el proyecto de defensa de la soberanía nacional, conocido como ley de Malvinas, y postergó el debate en medio de negociaciones por cambios pedidos desde la oposición y por observaciones que llegaron desde Estados Unidos.
La postergación dejó en segundo plano la intención de llevar el texto al plenario de comisiones esta semana. Ahora, el tratamiento quedó para el 27 de octubre, mientras el Gobierno ajusta el proyecto y busca respaldo político para sostenerlo en el Congreso.
Un proyecto con ocho capítulos y objeciones cruzadas
La iniciativa tiene ocho capítulos, pero solo el primero aborda el reclamo por las Islas Malvinas. El resto introduce reformas a las leyes de defensa nacional, de financiamiento de los partidos políticos y de inteligencia, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Jefe del Estado e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo.
El articulado también incluye disposiciones cuestionadas por sus posibles implicancias para la libertad de expresión. Entre las críticas más sensibles figura un artículo que prevé penas de hasta 12 años de prisión para quienes, “actuando por cuenta de un agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación”.
Según el texto que ya circula entre aliados, la nueva versión deja afuera los términos más ambiguos de ese artículo 111, en especial la referencia a las “campañas de desinformación”, que despertó reparos de entidades y referentes del periodismo, además de constitucionalistas que alertaron sobre el riesgo de una figura penal demasiado amplia.
Washington y los aliados empujan retoques al texto
Los reparos no llegaron solo desde el Congreso. Según pudo saber LA NACION, empresas norteamericanas le habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la “laxitud” del Título I, que establece sanciones para las compañías extranjeras. Piden que se delimite con más precisión el alcance de la norma para saber qué firmas podrían ser alcanzadas.
En paralelo, el oficialismo sigue negociando ajustes con sus aliados de Pro y la UCR. Entre los cambios que se analizan figura la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras al Consejo de Seguridad Nacional, además de la creación de una comisión bicameral para fiscalizar su funcionamiento.
La diputada Silvana Giudici sostuvo que la iniciativa requiere “un tratamiento importante en el recinto” y anticipó que podría discutirse en una sesión distinta de la prevista para noviembre, orientada al Presupuesto. En ese temario también se barajan modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y el nuevo régimen de biocombustibles.
En los pasillos del Congreso, la demora se leyó como una señal de que todavía no están asegurados los votos. Una fuente parlamentaria admitió que quedan “un par de temas” por discutir y que los números seguían finos para emitir dictamen. Otra voz libertaria negó haber recibido planteos desde Washington.
Mientras tanto, el debate quedó en suspenso a la espera de una nueva versión del proyecto y de una mejor correlación de fuerzas en el recinto.
La sesión del 27 de octubre toma el centro de la escena
La discusión de comisiones fue reprogramada para el 27 de octubre, en una semana atravesada por la agenda legislativa y por la visita al país de Christopher Landau y Juan Pablo Segura, ambos funcionarios de Estados Unidos. En el Congreso, algunos sostienen que el texto podría quedar atado también a esas conversaciones.
El oficialismo intentó bajar el tono del conflicto y aseguró que no hay apuro para llevar la iniciativa al recinto, sobre todo ante una sesión que podría extenderse hasta 40 horas si se suma este proyecto. Aun así, persiste la duda de si los cambios alcanzarán para sumar apoyos de los bloques de centro.
El peronismo, por su parte, ya adelantó que solo acompañaría el primer capítulo del proyecto y pidió que el resto se trate por separado. Esa división exhibe la dificultad del Gobierno para convertir su agenda de soberanía en una mayoría legislativa estable.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
