El magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa contra Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas, dejó abierta una nueva fricción con el Supremo tras el amparo resuelto por el Tribunal Constitucional. En su auto, evitó un choque frontal con el órgano de garantías, pero sostuvo que la doctrina del Constitucional debe aplicarse.
Aplicación obligatoria, aunque haya discrepancias
Llarena precisó que esa doctrina debe cumplirse aunque no se compartan las razones en las que se apoya. Añadió, además, que la discrepancia no puede condicionar ni retrasar lo resuelto, una fórmula con la que insistió en que la ejecución debe hacerse sin dilaciones.
El margen que deja el Supremo
La resolución subraya que el tribunal al que corresponde en última instancia garantizar el respeto a los derechos fundamentales está obligado a acatar lo decidido, aunque el instructor mantenga su desacuerdo con el criterio del Constitucional. La tensión entre ambos órganos queda así contenida, pero no cerrada.
