ORANJESTAD — Casi 40 años después del Status Aparte, Aruba todavía no ha puesto en vigor la legislación penitenciaria básica ni su reglamentación complementaria, según el Consejo de Estado de Aruba, que pidió dar máxima prioridad a la reforma del sistema carcelario.
Una ley aprobada en 2005 sigue sin aplicarse
La Landsverordening penitentiaire beginselen, aprobada en 2005, permanece sin entrar en vigor. Para el órgano asesor, esa demora afecta la seguridad jurídica y la protección de los derechos de las personas detenidas.
KIA necesita una solución estructural
El Consejo también señaló que el centro penitenciario KIA está en un estado físico sumamente preocupante. El gobierno reconoció en el presupuesto de 2026 que las reparaciones temporales no bastan y que hace falta una nueva prisión, pero el órgano cuestionó la claridad de los planes y la disponibilidad de fondos.
Además, subrayó que construir una nueva cárcel no resuelve por sí solo el problema: también hacen falta mejoras en la gestión, la capacitación del personal, la supervisión independiente, la atención médica y la protección jurídica. Aruba conserva la responsabilidad del manejo penitenciario, mientras el Reino tiene una función de garantía del respeto a los derechos humanos.
