La diputada Verónica Razzini reactivará una iniciativa penal contra los bloqueos sindicales, tras el fallo del juez Alejandro López que absolvió a un dirigente camionero.
Verónica Razzini volverá a presentar en la Cámara de Diputados un proyecto para tipificar como delito penal los bloqueos sindicales, luego del fallo del juez Alejandro López, de San Nicolás, que absolvió a un dirigente del Sindicato de Camioneros por una protesta contra una empresa en 2021.
El proyecto y las penas previstas
La propuesta había sido presentada en octubre de 2024, cuando Razzini todavía integraba el bloque del PRO, pero perdió estado parlamentario por falta de respaldo político. Ahora, según adelantó, la diputada buscará actualizar sus fundamentos para evitar decisiones judiciales como la del magistrado bonaerense.
El texto incorpora sanciones para los bloqueos directos con penas de 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión a quien impida, estorbe o entorpezca el acceso a un comercio, industria o establecimiento para obtener un beneficio o causar un perjuicio.
También prevé castigo para los bloqueos indirectos, con penas de 6 meses a 3 años de prisión, para quien use amenazas o exigencias por fuera de los requisitos legales para operar frente a proveedores, prestadores de servicios, clientes o terceros vinculados con el establecimiento bloqueado.
Además, plantea que el sindicato, empresa u organización que promueva o facilite esas acciones pueda recibir las sanciones del artículo 304 del Código Penal, entre ellas multa, suspensión de actividades, restricción para participar en concursos o licitaciones estatales, cancelación de personería y pérdida o suspensión de beneficios estatales.
La reacción tras el fallo de San Nicolás
Razzini afirmó que el texto será “muy parecido” al anterior, aunque con cambios en los fundamentos. Dijo que el fallo es grave porque, a su juicio, “un juez no puede decir que en el marco de una huelga todo vale a pesar de que se cometan delitos”.
La legisladora sostuvo que el bloqueo contra su empresa en Rosario, en junio de 2020, duró tres meses. Según el relato incluido en la nota, la firma amaneció con dos sedes bloqueadas, hubo amenazas, insultos e intimidaciones con armas de fuego, y luego 10 empleados y tres delegados terminaron presos tras la denuncia.
Antes de llegar al Congreso, Razzini presidió el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, que fundó en 2021 junto con la abogada Florencia Arietto. En la versión anterior de la iniciativa, el oficialismo, el PRO y otros bloques habían mostrado respaldo, pero el proyecto quedó congelado para facilitar la sanción de la Ley Bases.
En ese contexto, la Ley Bases incluyó un artículo que considera los bloqueos como grave injuria laboral y amplía las facultades patronales para despedir con causa a quienes participan en esas acciones.
La diputada también señaló que hubo una reacción rápida del empresariado y mencionó las denuncias contra el juez ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en las que se cuestiona la absolución de Maximiliano Cabaleyro y otros seis imputados.
Razzini insistió en que bloquear empresas debe ser castigado y remató que, si no, no habrá posibilidad de desarrollarse como Nación.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
