# Junio dejó 19 casos de censura e intimidación en Venezuela > La libertad de expresión enfrentó detenciones breves, cierres de cuentas y obstáculos a la prensa durante la emergencia sísmica de junio. Por Alberto Prieto · 16 de julio de 2026 · Venezuela ![Junio dejó 19 casos de censura e intimidación en Venezuela](https://panorama.onl/app/uploads/eabb33769e622b83.webp) Junio estuvo marcado en Venezuela por detenciones exprés a periodistas, cierres de cuentas en redes sociales y restricciones a la cobertura de la emergencia sísmica registrada al cierre del mes. En total, se documentaron 19 casos y 26 violaciones al derecho a la libertad de expresión, con la intimidación y la censura como las modalidades más frecuentes. ## Periodistas y reporteros, entre las principales víctimas Las víctimas fueron mayoritariamente periodistas, reporteros gráficos y particulares, mientras que entre los responsables figuran cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios públicos. En el primer semestre de 2026 ya se han registrado 65 casos, 131 violaciones al derecho a la libertad de expresión y 33 detenciones, un promedio de 5,5 al mes. El lunes 1 de junio, funcionarios de un cuerpo de seguridad no identificado detuvieron e interrogaron al periodista Pablo Mujica, reportero de Noticias La Voz de Valera, en Valera, estado Trujillo. Lo trasladaron a un comando de la policía de inteligencia en la parroquia Beatriz y lo cuestionaron por una publicación en Instagram sobre la escasez de gasolina en la región. Según lo relatado, un funcionario le dijo que ese tipo de coberturas “genera alertas a la población” y le informó que Gerardo Márquez ordenaba su liberación a cambio de una nota en la que se afirmara que “el Estado garantiza el suministro”. Esa misma noche, funcionarios fueron hasta su residencia para exigirle publicar el texto. El 3 de junio, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron brevemente a la periodista y reportera gráfica Maryorin Méndez, junto con los reporteros gráficos Miguel Gutiérrez y Leonardo Fernández y un motorizado, cerca del Helicoide en Caracas. Cubrían un traslado de personas detenidas por causas políticas hacia otros centros de reclusión. Los efectivos intentaron arrebatarles los equipos y los llevaron a niveles superiores del organismo, pero minutos después recibieron una contraorden y quedaron en libertad sin nuevas agresiones. ## Redes sociales y denuncias comunitarias El 9 de junio, el creador de contenido Miguel Heredia, conocido como “Kilómetro”, informó que Instagram canceló su cuenta @Kilometro_internacional bajo el argumento de “derecho de autor”, luego de transmitir denuncias sobre la falta de agua en Boca de Mangle, municipio Acosta, estado Falcón. Heredia había presentado una apelación un día antes. La eliminación de la cuenta supuso, en la práctica, la pérdida total del perfil, además de dos años de contenido y audiencia acumulada. También se registraron presiones contra personas que participaron en protestas por servicios básicos. Una ciudadana identificada como “Tula” recibió intimidaciones por estados de WhatsApp después de participar el 1 de junio en una manifestación por la falta de agua en Boca de Mangle. Entre los mensajes que le hicieron llegar, por medio de capturas de pantalla difundidas por una mujer vinculada al oficialismo, figuraban frases como “Ahora anda de moto en moto escondiéndose” y “Ya sé dónde estás escondida”. La mujer tuvo que resguardarse temporalmente en otra vivienda. Ese mismo día, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar acudieron a la casa de otra participante en la protesta, aunque ella no se encontraba allí. El 18 de junio, Rosalba Pereira informó sobre el deterioro de la salud del líder comunitario Manuel Sánchez, detenido desde hace 10 meses tras publicar en TikTok una denuncia contra funcionarios de la Policía de Caracas. Sánchez fue trasladado al Rodeo IV y su expediente sigue en análisis, sin fecha fija para una nueva audiencia. En una carta fechada el 8 de junio, afirmó estar “constantemente deprimido, atormentado y enfrentado con otros presos”. ## La emergencia sísmica y el cerco a la prensa El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro-norte del país. El estado La Guaira fue el más afectado, con cientos de edificaciones colapsadas y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía dañado y cerrado temporalmente. Al mediodía del 27 de junio, Jorge Rodríguez reportó al menos 1.430 fallecidos, mientras organismos de Naciones Unidas estimaron más de 50 mil personas desaparecidas. La emergencia abrió un nuevo frente para el derecho a la información en un entorno ya restringido. La madrugada del 25 de junio, la red social X volvió a estar disponible sin VPN por primera vez desde el 8 de agosto de 2024 desde algunos operadores, aunque el desbloqueo fue parcial y discrecional. Más de 200 dominios continúan bloqueados en el país, 94 de ellos pertenecientes a plataformas de noticias. En Caracas, el 26 de junio, el locutor Gabriel Tinoco documentaba labores cerca de un edificio derrumbado por medio de una transmisión en vivo cuando Robinson Navarro lo amenazó con detenerlo e intentó quitarle el teléfono. Ese mismo día, Natalia Roca denunció que una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana le impidió acercarse al edificio colapsado contiguo a Miga’s, en Altamira, donde llevaba tres días de cobertura. Además, Diosdado Cabello restringió el acceso a La Guaira desde las 8:00 p. m. y condicionó el ingreso a una acreditación tramitada en El Poliedro de Caracas. El 27 de junio, la periodista mexicana Paulina Sodi explicó desde la base aérea La Carlota que el ingreso de la prensa internacional quedaría controlado por el gobierno, con acreditación previa, una “visa” por plazo indefinido y entrada solo en camiones oficiales, con cupo limitado y dos horarios de salida. Daniela Gastón, de Runrun.es, describió el mismo esquema con carpa de registro, entrega de tipo de sangre y brazalete de cobertura. En paralelo, Reynaldo Mozo fue obstaculizado por un vigilante del Hospital J.M. de los Ríos mientras registraba la llegada de voluntarios con insumos. Marcos Morin Aguirre reportó que en San Bernardino no le permitieron grabar, mientras que Nacho Anzola Jubes fue amenazado con detención “por tener la cámara en la mano” y acusado de “lucrarse de la desgracia”. Johan Álvarez también denunció una aparente orden dada a algunos funcionarios policiales para impedir el acercamiento de la prensa a los edificios colapsados. El 28 de junio, la Alcaldía de Ospino despidió a Zenith Vielma luego de que en su vivienda se instalara un centro de acopio para los afectados por los sismos, como represalia contra quienes colaboraban con las labores de ayuda. El 27 de junio, junto con otras 39 organizaciones de derechos humanos, fue difundido un pronunciamiento sobre la militarización de la respuesta en La Guaira, en el que se recordó que tras el deslave de Vargas en 1999 ya se habían documentado detenciones arbitrarias, restricciones a la circulación y trabas al trabajo de medios y organizaciones humanitarias. --- **Fuente:** https://panorama.onl/mundo/junio-dejo-19-casos-de-censura-e-intimidacion-en-venezuela-20260716-2303.html Publicado por Panorama Online — contenido de libre lectura; se permite citar con atribución y enlace a la URL original.