# Cambiar la Constitución japonesa: ¿Oportunidad o amenaza?

> La Habana (PL) – La Constitución pacifista de Japón jugó un papel importante en el desarrollo del país después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y revisarla para modificar algunos de sus apartados centrales podría traer más problemas que beneficios, en opinión de expertos. Elaborada bajo la ocupación aliada después de la mencionada contienda, la

Por Prensa Latina · 5 de diciembre de 2017 · Mundo

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**La Habana (PL)** – La Constitución pacifista de Japón jugó un papel importante en el desarrollo del país después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y revisarla para modificar algunos de sus apartados centrales podría traer más problemas que beneficios, en opinión de expertos.

Elaborada bajo la ocupación aliada después de la mencionada contienda, la Carta Magna es más conocida por su artículo 9, por el cual la nación nipona renuncia a su derecho a la guerra y promete que no se mantendrán bajo operaciones las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas.

«La mayoría de la gente en Japón cree que la Constitución pacifista ha desempeñado un rol importante en el rápido desarrollo, premisa además en la reactivación del país como actor fundamental en la comunidad internacional», apuntó Akira Ishii, historiador y profesor emérito de la Universidad de Tokio.

Sin embargo, la revisión constitucional es una meta del primer ministro japonés,Shinzo Abe, y del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).

Para Ishii y otros expertos, el PLD defiende tal acción como parte de su plataforma desde la fundación del partido en la década de 1950, porque cree que la Constitución fue impuesta por Estados Unidos.

En cuanto a la administración de Abe, más aguda en cuanto a la revisión que los gobiernos anteriores, algunos analistas ven como una razón de peso detrás de ese interés el asegurar el apoyo de las fuerzas conservadoras.

En opinión del citado profesor, Abe está presionando para la revisión constitucional de facto al cambiar las interpretaciones constitucionales.

Por ejemplo, promulgó por la fuerza las polémicas leyes de seguridad para ampliar el papel de las Fuerzas de Autodefensa en el extranjero, a pesar de la fuerte oposición pública.

El investigador hizo hincapié en que la reciente decisión de Japón de permitir el Rescripto Imperial sobre la Educación en los libros de texto escolares es también inconstitucional.

Según Ishii, con el PLD gobernante, que tiene una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Parlamento, y otras fuerzas a favor de revisar la Constitución, la revisión se vuelve más realista que nunca.

Sin embargo, los intentos de Abe todavía se enfrentan a muchos desafíos, pues revisar la Carta Magna necesita la aprobación de un referéndum, y muchos japoneses se oponen a tales exámenes.

Una encuesta reciente de Kyodo News mostró que el 51 por ciento de los consultados estaban en contra de cualquier enmienda constitucional bajo el gobierno de Abe y el 45 por ciento se mostraba a favor.

Así, cuando la nación conmemora los 70 años de la Constitución, unas 55 mil personas se reunieron en Tokio para protestar contra los intentos de enmendarla.

Otro obstáculo sería una posible división dentro del campo de los pro-revisión.

Por ejemplo, el socio de coalición del PLD, el Partido Komeito, espera conservar el artículo 9, mientras que agrega cláusulas sobre los derechos de medio ambiente y privacidad en la Constitución.

Ishii también expresó su preocupación por el hecho de que una enmienda del texto, en el cual se renuncia a la guerra, perjudicaría la relación de Japón con sus países vecinos, algunos de ellos víctimas de la invasión y brutalidades del Imperio japonés antes y durante la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de Corea del Sur.

«Los vecinos de Japón tendrían todo tipo de conjeturas sobre lo que está detrás de la decisión de Japón de revisar la Constitución», dijo.

«Al revisarla, se enfrentarán a muchos desafíos y hacerlo a la fuerza no serviría de nada a Japón», agregó.

La Constitución actualmente vigente entró en vigor en 1947 y fue diseñada y redactada casi en su totalidad por juristas y militares estadounidenses, encabezados por el «viceemperador» general Douglas McArthur.

Se pretendía dotar al país de un texto constitucional democrático que corrigiera la Constitución Meiji de 1887, a la cual se consideraba como un texto defectuoso que había permitido a los militaristas tomar el control del país y llevarlo a la guerra.

Así, McArthur identificó la abolición de la guerra como un principio crítico a ser incluido en la nueva Carta Magna, quedando finalmente recogido en su artículo 9.

Sin embargo, la indefinición que se desprende de dicho artículo respecto a la protección y al concepto de seguridad nacional ha afectado la vida política japonesa, especialmente tras la creación de las FAD en 1954.

Un proceso de reforma constitucional, generalmente, es aceptado dentro de la normalidad democrática de un país como muestra de la adaptación de la Ley Fundamental a las nuevas realidades del entorno, tanto nacional como internacional.

No obstante, en el caso de Japón, debido a su pasado expansionista y militarista a principios de siglo, la reforma de la Constitución adquiere un carácter mucho más delicado; especialmente si el punto central de dicha revisión es el artículo 9.

Para otros observadores, dicha reforma debe de ser vista más como un deber para clarificar y arrojar luz sobre el «cajón oscuro» que resulta en la actualidad el concepto y el sistema de defensa y seguridad nacional, que como el acecho de un nuevo militarismo agresivo nipón:la posibilidad de aumentar el control civil de la institución militar y del sistema de seguridad a través de la reforma constitucional.

Lo cierto es que Japón debe clarificar completamente qué entiende por seguridad nacional y de qué mecanismos se dota para garantizarla, ya que sólo así podrá eliminar de una vez por todas la «caja negra» de la cual, de alguna manera, emergen las políticas de seguridad del país durante los últimos 50 años.

Sólo a través de esa clarificación se podrá establecer un sistema de seguridad y defensa nacionales nítidamente estructurado y con plena legitimidad constitucional que permita también aclarar las inconsistencias del marco legal de defensa y seguridad en relación con la Carta de Naciones Unidas y el Tratado de Seguridad Japón-EEUU.

A través de la reforma constitucional, y especialmente del artículo 9, Japón podrá hacer mucho más transparente que en la actualidad los debates, las estrategias y los mecanismos de toma de decisiones que afectan al sistema de seguridad, y lo hacen mucho más susceptible tanto al control del poder político como de la población.

De cualquier forma, hasta la fecha no se ha realizado ninguna modificación definitiva, señal tal vez de la constante incertidumbre, de no saber con precisión hasta qué punto modificar la Constitución representará una oportunidad o hasta cuál una amenaza.

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**Fuente:** https://panorama.onl/mundo/Cambiar-la-Constitucion-japonesa-Oportunidad-o-amenaza-20170512-0088.html
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