# Familiares denuncian torturas y detención arbitraria de ocho

> Parientes de ocho agentes detenidos tras el bombardeo del 3 de enero exigen justicia y denuncian tratos crueles en recintos militares y penitenciarios.

Por Reinaldo Chacín Portillo · 12 de septiembre de 2026 · Justicia

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Ocho hombres, entre ellos funcionarios activos y jubilados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Ejército, cumplieron casi ocho meses privados de libertad tras ser detenidos luego del bombardeo ocurrido el pasado 3 de enero en Caracas. Sus familiares denunciaron formalmente que los aprehendidos sufrieron torturas y tratos crueles mientras permanecieron en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de La Carlota.

Claves

- Ocho efectivos de seguridad e inteligencia se encuentran procesados bajo los cargos de traición a la patria y conspiración.

- Familiares reportan episodios de tortura como suspensión con cadenas y confinamiento en espacios reducidos.

- Los detenidos fueron trasladados recientemente a diferentes centros penitenciarios, entre ellos Yare II.

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## El impacto familiar y la causa judicial

Entre los detenidos se encuentra Álvaro Roger Valladares Eslava, inspector y fotógrafo forense adscrito a la subdelegación de San Agustín. Tras acudir a La Carlota para realizar experticias luego de los hechos del 3 de enero, fue citado a una supuesta reunión el 23 de enero y aprehendido. Su esposa, Yeimi Guzmán, asumió la carga económica y emocional del hogar, compuesto además por dos hijos de 18 y 11 años. «A nivel psicológico les ha afectado mucho, mi hijo mayor llora todos los días, le hace mucha falta su papá», relató.

En el expediente denominado causa Azul Celeste también figuran el inspector Joharlinn Enrique Luzardos, los exfuncionarios Héctor José Martínez Yáñez, David Figueredo Sandoval y Jesús Leonardo Gómez Brito, el comisario jubilado José Gregorio Rivas Sifontes, el teniente coronel del Ejército Manuel Alejandro Iria Arteaga y el coronel retirado Carlos Ulises Hernández Rojas. A todos se les imputaron los delitos de traición a la patria y conspiración, pese a que según las defensas públicas no existen elementos de culpabilidad.

## Denuncias de torturas en la Dgcim

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Los parientes relataron que los detenidos permanecieron incomunicados y desaparecidos durante aproximadamente siete días antes de ser ubicados en el Internado Judicial Rodeo I. De acuerdo con los testimonios recopilados por los allegados, los funcionarios sufrieron graves abusos durante su reclusión inicial en la sede de la Dgcim.

Testimonios de apremios físicos

Familiares señalaron que algunos detenidos fueron colgados con cadenas durante horas, golpeados y sometidos a condiciones infrahumanas de alimentación, además de permanecer confinados en espacios reducidos.

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Kiolis Luzardos, hermana del inspector Joharlinn Luzardos, indicó que su familiar fue colgado con cadenas y sometido a tratos degradantes. Por su parte, Marly Morillo detalló que su esposo, el comisario jubilado José Gregorio Rivas Sifontes, permaneció durante una semana debajo de una batea a pesar de su estatura de 1,90 metros.

## Traslados recientes sin notificación

El pasado 3 de septiembre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció el traslado arbitrario de diversos privados de libertad desde la cárcel de Rodeo I hacia otros recintos carcelarios como Fuerte Guaicaipuro, Yare II y Tocuyito, sin que las autoridades emitieran una notificación oficial ni publicaran listados de los afectados.

Como consecuencia de esta medida, José Gregorio Rivas, Álvaro Valladares, Joharlinn Enrique Luzardos y Héctor Martínez fueron trasladados al penal de Yare II, lo que incrementó las dificultades logísticas y económicas para sus familias en las jornadas de visita.

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**Fuente:** https://panorama.onl/justicia/familiares-denuncian-torturas-y-detencion-arbitraria-de-ocho-20260912-0311.html
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