# Chats y cheques del caso Laberinto apuntan a aportes irregulares > Un testigo y el análisis de teléfonos y una laptop reactivaron la pesquisa sobre presunto financiamiento ilícito a la campaña de Luisa González. La Fiscalía amplió la causa a lavado de activos. Por Yorman Á. · 26 de octubre de 2026 · Justicia ![Primer plano de unas manos escribiendo mensajes en un teléfono inteligente, con el foco en la pantalla que muestra los mensajes.](https://cdn.panorama.onl/uploads/b9fc256744c333aa.webp) El caso Laberinto sumó nuevos elementos tras la revisión de dos celulares y un computador portátil entregados por José Ricardo Cevallos Avellán, quien denunció en diciembre de 2025 supuestas irregularidades en empresas ligadas a Aquiles Alvarez. En una audiencia privada, los equipos arrojaron registros de chats y movimientos económicos que, según la investigación, habrían servido para financiar la campaña presidencial de Luisa González en 2023. Claves - Cevallos Avellán dijo que el 24 de junio de 2023 Aquiles Alvarez consideraba asignar 300.000 dólares para la campaña. - Chats internos mencionados en la causa aludieron a grupos como “Coordinación segmento Naviero” y “Pagos cierre campaña Luisa”. - La Fiscalía calcula que alrededor de 500.000 dólares serían activos presuntamente ilícitos y las pericias policiales hablan de aportes superiores a 700.000 dólares. ## La versión del testigo y los chats revisados Según su testimonio, Viviana Aguayo Zapata lo contactó el 23 de junio de 2023 para decirle que, por disposición de Aquiles Alvarez, se enviarían gastos de la campaña presidencial para que fueran cubiertos por Ternape Petroleum S.A. Al día siguiente, Cevallos dijo que habló por WhatsApp con Alvarez, quien —siempre de acuerdo con su versión— evaluaba asignar 300.000 dólares para financiar la campaña. En la reconstrucción del caso, el testigo describió un circuito de mensajería en el que participaron grupos como “Coordinación segmento Naviero”, donde Lesly Cargua habría reenviado instrucciones de Viviana Aguayo. En esos chats, de acuerdo con el proceso, se adjuntaban proformas vinculadas a Revolución Ciudadana, una de ellas por 50.000 dólares, y se ordenaba el pago desde el área contable de Ternape porque, según el declarante, eran gastos previamente aprobados por Alvarez. Tras las transferencias, los proveedores habrían emitido facturas a nombre de Ternape, separando formalmente esos movimientos de la campaña. Cevallos añadió que el departamento de contaduría verificaba si los productos coincidían con el RUC de la empresa, aunque detectó rubros ajenos a su actividad económica, como 200.000 cuestionarios y 400.000 stickers, además de gastos por unos 100.000 dólares mediante proformas. Entre los proveedores citó a 911 Society S.A.S. ## Cheques al portador, efectivo y el giro a lavado de activos El testimonio también ubica otro grupo de mensajería, “Pagos cierre campaña Luisa”, en el que Xavier K. G., representante legal de Monowave, hacía seguimiento a servicios prestados para el cierre de campaña y cobraba 50.000 dólares. En paralelo, Cevallos señaló que Wendy Onofre le pidió emitir cheques al portador desde Ternape y luego conseguir personas que los cobraran para pagar en efectivo gastos que no podían ser facturados. El declarante relató además un problema ocurrido en 2023 cuando Onofre envió a un tercero no registrado a cobrar uno de esos cheques. Para resolverlo, según dijo, se entregó dinero en efectivo proveniente de las ventas de una gasolinera ubicada en las calles Los Ríos y Clemente Ballén. También afirmó que Fernando Cornejo manejaba el presupuesto y a los proveedores de la campaña, y que coordinaba con Onofre la emisión de cheques al portador para pagar a simpatizantes y cubrir gastos no facturables. La pesquisa cambió de eje el 12 de octubre, cuando agentes policiales establecieron indicios de presunto lavado de activos. Un día después, la indagación pasó de concusión a ese nuevo delito. La Fiscalía sostiene que Ternape Petroleum S.A. fue usada para transferir fondos a proveedores de propaganda y para convertir cheques al portador en efectivo, con el fin de ocultar el origen y destino del dinero. ## El origen judicial del expediente El caso Laberinto nació de observaciones del Consejo Nacional Electoral sobre las cuentas de campaña del binomio presidencial Luisa González-Andrés Arauz en las elecciones anticipadas de 2023. Las inconsistencias en el respaldo de aportes y los gastos de publicidad no reportados derivaron en una sanción de 6.000 dólares impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral a Luisa González, Estefanía Molina y Santiago Díaz, además de un oficio remitido a la Fiscalía. A partir de esas alertas, la investigación abrió la hipótesis de un mecanismo paralelo de financiamiento con recursos que, según la Fiscalía, vendrían de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos. Con esos antecedentes, el 22 de octubre de 2026 la Fiscalía formuló cargos por presunto lavado de activos contra Luisa González, Wendy Onofre, Joseph Díaz y Estefanía Molina. Un juez les dictó prisión preventiva, mientras Andrés Arauz también figura investigado en el proceso. --- **Fuente:** https://panorama.onl/justicia/chats-y-cheques-del-caso-laberinto-apuntan-a-aportes-irregulares-20261026-0827.html Publicado por Panorama Online — contenido de libre lectura; se permite citar con atribución y enlace a la URL original.