# 927 imputados por incitación al odio en Venezuela desde 2017

> La Ley contra el Odio ha sido usada para perseguir a disidentes, periodistas y ciudadanos por críticas en redes o mensajes privados.

Por Wilfredo Reyes Cubillán · 1 de octubre de 2026 · Justicia

![Un mazo de madera y un libro de leyes representan la justicia en un entorno judicial, destacando el orden y la autoridad legal.](https://cdn.panorama.onl/uploads/1e1284c03413d611-scaled.webp)

La *Ley contra el Odio, para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia*, aprobada en noviembre de 2017 por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, ha servido durante casi nueve años para criminalizar la disidencia política en Venezuela. Según el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, esta normativa ha generado 927 imputaciones por incitación al odio desde su entrada en vigor.

Claves

- 927 personas imputadas por incitación al odio desde 2017, según Foro Penal.

- 6 personas siguen privadas de libertad y 683 bajo medidas cautelares.

- Condenas de hasta 30 años de prisión por críticas en WhatsApp o redes sociales.

- ONG denuncian su uso como herramienta de extorsión y persecución política.

927 imputados por incitación al odio desde 2017

## Periodistas y ciudadanos, blancos de la ley

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó que 7 de cada 10 periodistas con causas judiciales abiertas a enero de 2026 fueron acusados por este delito. Seis de ellos aún enfrentan procesos con medidas cautelares que restringen sus libertades.

La normativa se ha aplicado para perseguir a ciudadanos por expresiones en redes sociales como X o Facebook, videos en TikTok o mensajes en grupos de WhatsApp. También se usó contra periodistas que cubrieron las protestas postelectorales de julio y agosto de 2024, tras las presidenciales.

## Condenas exemplarizantes por críticas en WhatsApp

En junio de 2025, Merlys Oropeza, de 25 años, fue condenada a 10 años de prisión en Maturín por criticar en un grupo de WhatsApp a la jefa del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) de su sector. «Estas son las palabras de la jefe del Clap de Las Carolinas, calle 4. Qué triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro de sus hijos», escribió. Fue detenida en agosto de 2024 y, aunque la excarcelaron bajo medidas cautelares un mes después de su condena, el caso ilustra el uso arbitrario de la ley.

Un caso aún más extremo es el de la médica Marggie Xiomara Orozco Tapias, de 65 años, condenada a 30 años de prisión en noviembre de 2024. Su delito fue distribuir un audio por WhatsApp en el que criticaba a Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024. La jueza Luz Dary Moreno Acosta la sentenció por «traición a la patria, conspiración e incitación al odio». Orozco fue arrestada en San Juan de Colón, estado Táchira, el 5 de agosto de 2024 y excarcelada en diciembre de 2025.

## Extorsión y fabricación de casos

La ONG Espacio Público denunció que la ley no solo viola principios de la ONU, sino que ha sido instrumentalizada para extorsionar. Funcionarios de seguridad o del Ministerio Público amenazan con investigar a ciudadanos para obtener beneficios económicos, mientras que particulares exigen pagos a cambio de no presentar denuncias por comentarios en redes.

La organización documentó más de 120 casos entre 2017 y 2024, y al menos 33 detenciones en el ciclo postelectoral de 2024, en su mayoría contra infociudadanos, activistas y periodistas. Además, advirtió que la normativa ha generado un «efecto paralizante» en la libertad de expresión, al convertir cualquier crítica al chavismo en un riesgo legal.

En Mérida, dos jóvenes emprendedoras, Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillén, fueron condenadas a 10 años de prisión por estampar franelas con el derribo de una estatua de Hugo Chávez. El caso fue fabricado por funcionarios de seguridad que, fingiendo ser clientes, las indujeron a realizar el diseño para luego detenerlas y lograr un ascenso. Tras su condena en julio de 2025, fueron excarceladas en enero de 2026.

Delcy Rodríguez solicitó a la Asamblea Nacional una reforma de la ley para «corregir desviaciones en su aplicación», pero organizaciones de derechos humanos insisten en que debe ser derogada por inconstitucional.

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**Fuente:** https://panorama.onl/justicia/927-imputados-por-incitacion-al-odio-en-venezuela-desde-2017-20261001-0833.html
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