# Luigi Pisella propone ley para garantizar participación nacional

> El representante del sector privado en la comisión de activos públicos aboga por una normativa que asegure la inclusión de capital venezolano en su transferencia.

Por Efraín Montiel Bracho · 1 de octubre de 2026 · Economía

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El empresario Luigi Pisella, representante del sector privado en la Comisión para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, impulsó la creación de una ley que garantice la participación del capital nacional en la transferencia de activos públicos a manos privadas. Según Pisella, esta medida cuenta con apoyo entre los inversionistas, quienes reconocen la necesidad de socios locales para gestionar la complejidad del entorno venezolano.

Claves

- Pisella propone una ley para asegurar la participación del capital nacional en la transferencia de activos públicos.

- La comisión evalúa unos 350 activos públicos, algunos de los cuales se consideran estratégicos y deben permanecer en manos del Estado.

- Se exploran mecanismos como subastas públicas, acuerdos directos y el uso de la Bolsa de Valores de Caracas para democratizar el acceso.

## Una comisión en fase inicial

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Pisella explicó que la comisión, liderada por Delcy Rodríguez, se encuentra en la primera fase de evaluación de los activos. Inicialmente, se estimó que unos 350 activos públicos serían analizados, aunque algunos, por su carácter estratégico, deben mantenerse bajo control estatal.

«Vamos a evaluar diferentes modelos de participación privada, pero efectivamente la comisión entiende que hay activos cuya titularidad debe permanecer en manos del Estado», destacó.

El empresario también resaltó el potencial de la Bolsa de Valores de Caracas como plataforma para democratizar el acceso a la inversión, permitiendo la participación de pequeños inversionistas. «La idea es impulsar la democratización del capital», afirmó.

## Mecanismos y plazos para la transferencia

Sobre los mecanismos para transferir los activos estatales, Pisella aseguró que «no descartamos nada», incluyendo subastas públicas, acuerdos directos y el uso de la Bolsa de Valores de Caracas. Subrayó que los procesos serán transparentes y cuidadosos, con el objetivo de que las empresas transferidas funcionen eficientemente y presten los servicios necesarios a la sociedad.

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El representante del sector privado reconoció que uno de los errores iniciales fue no establecer plazos claros para el proceso. Sin embargo, indicó que hay avances significativos que podrían permitir «victorias tempranas» en la presentación de resultados concretos.

Pisella también aclaró que el capital privado debe participar en la propiedad de los bienes transferidos. «Llegamos a la conclusión de que las alianzas público-privadas, donde el Estado conserve la propiedad absoluta, no funcionan, porque nadie invertirá volúmenes importantes de capital en un negocio donde no tenga participación», explicó.

## Activos expropiados y saneamiento económico

Un aspecto clave para la comisión es la gestión de activos expropiados cuyo proceso de apropiación por parte del Estado no se concluyó. Pisella señaló que, una vez finalizada la clasificación, los activos no estratégicos se ofertarán, mientras que aquellos estratégicos pero inoperativos se liquidarán.

El expresidente de Conindustria añadió que, en los casos donde los procesos de expropiación no estén cerrados legalmente, estos activos no pueden considerarse propiedad estatal y, por lo tanto, podrían ser privatizados.

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«El Estado tiene activos que no deberían estar en sus manos. Es necesario redimensionar el sector público para que cumpla sus funciones inherentes, como administrar la Hacienda Pública, garantizar educación, salud, seguridad y servicios a la población», argumentó.

## Desafíos y condiciones para los inversionistas

Pisella no separó este proceso de transferencia de activos de la realidad que enfrentan las empresas locales y extranjeras en el país. Insistió en que los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, requieren orden jurídico, niveles adecuados de tributación, garantías para la propiedad y mecanismos financieros ágiles para la circulación de recursos y el apalancamiento crediticio.

«Las sanciones son un problema serio, porque un inversionista, por muy interesado que esté, hoy no tiene certeza de cómo hacer llegar recursos al país. Es necesario regularizar la relación de la banca nacional con los sistemas financieros internacionales y garantizar que los inversionistas puedan retirar sus recursos si así lo deciden», advirtió.

Además, destacó la necesidad de frenar la inflación y la devaluación para avanzar en otras reformas, como la mejora del sector eléctrico, considerado estratégico por los inversionistas. «Vamos a ver participación privada en generación y distribución, ya sea para aportar capital de inversión o tecnología», concluyó.

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**Fuente:** https://panorama.onl/economia/luigi-pisella-propone-ley-para-garantizar-participacion-nacional-20261001-0545.html
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