# Análisis. A 40 años de la llamada Ley de Nacionalización del petróleo

> El 29 de agosto de 1975 se promulgó la Ley que Reserva al Estado la Industria de los Hidrocarburos. Nace Pdvsa como casa matriz y las 14 operadoras que existían bajo régimen de concesión se convirtieron en sus filiales. Venezuela producía entonces 2 millones 350 mil barriles diarios. La Ley de nacionalización del petróleo fue un parto prematuro.

Por Panorama · 28 de agosto de 2015 · Ciudad

![Análisis. A 40 años de la llamada Ley de Nacionalización del petróleo](https://panorama.onl/app/uploads/c84bd7329240e96c-2.jpg)

El 29 de agosto de 1975 se promulgó la Ley que Reserva al Estado la Industria de los Hidrocarburos. Nace Pdvsa como casa matriz y las 14 operadoras que existían bajo régimen de concesión se convirtieron en sus filiales. Venezuela producía entonces 2 millones 350 mil barriles diarios. La Ley de nacionalización del petróleo fue un parto prematuro.  

**Ylich Carvajal Centeno**

Juan Pablo Pérez Alfonzo es un venezolano incómodo para la historia. Los adecos —que lo traicionaron y lo excluyeron en vida de la vida pública— no pudieron negar sus méritos y los chavistas no se deciden a reivindicarlo del todo porque no pueden separarlo de su pasado adeco.

Algunos venezolanos lo conocen como el “padre de la Opep”, pero sí de paternidades se trata, Pérez Alfonzo es realmente el padre de nuestra industria petrolera y a propósito de que hoy se celebra 40 años de la promulgación de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, conocida como Ley de Nacionalización, voy a contarles por qué.

Desde la instalación del Zumaque 1 hasta el gobierno de Isaías Medina Angarita el criterio que prevaleció para desarrollar la industria de los hidrocarburos fue la entrega de concesiones a empresas trasnacionales. Se creía que los venezolanos no teníamos ni la ciencia, ni la tecnología y ni siquiera la capacidad humana para gestionar con éxito nuestro principal recurso natural.

Después de Manuel Antonio Pulido, quien en compañía de otros venezolanos creó en 1878 la compañía Petrolia del Táchira, el primer venezolano que en el siglo XX ve en el petróleo una enorme oportunidad que hay que aprovechar y trabajar con criterios venezolanos, como un bien inalienable de todos y, sobre todo, concibe la idea de una industria nacional, fue Juan Pablo Pérez Alfonzo.

El general Isaías Medina Angarita había negociado con las compañías petroleras extranjeras radicadas en el país una nueva Ley de Hidrocarburos que resultaba beneficiosa para los intereses de la República en cuanto a impuestos y regalías, pero que mantenía intactas las concesiones hasta entonces otorgadas, las prorrogaba por 40 años y dejaba abierta la posibilidad de dar nuevas. Para septiembre de 1945, adecuadas a la norma, las concesionarias habían recibido 6 millones 500 mil hectáreas adicionales a las que ya controlaban.

La bancada de Acción Democrática en el Congreso de la República, de la que formaba parte Pérez Alfonzo, fue la única que se opuso a la mencionada ley, argumentando, precisamente, lo referente al régimen de concesiones. Sin embargo, la ley Medina —que se mantuvo vigente hasta el 2002 cuando fue sustituida vía habilitante por el presidente Hugo Chávez— creó un horizonte para la plena nacionalización de la industria, cuando todas las concesiones cesarían, en el año 1983.

El 18 de octubre de 1945 un golpe militar con un fuerte tinte adeco derrocó al general Medina y en la Junta Revolucionaria de Gobierno que lo sustituye se incorpora Juan Pablo Pérez Alfonzo como Ministro de Fomento. Rápidamente, se toman una serie de medidas que encienden las alarmas en las compañías extranjeras, entre ellas, la que quizás más alarmó a las concesionarias, la decisión ejecutiva de que la cuarta parte de las regalías por el período 1948-1949 se cobraría en especie, es decir, el Estado venezolano tomaría unos 36 millones de barriles de petróleo para comercializarlos directamente en el mercado mundial.

Cuando Rómulo Gallegos asume las riendas del país y acaba con esa absurda idea de los “gendarmes” que había migrado a “césares democráticos”, se modifica la Ley de Impuestos sobre la Renta y se incorpora el conocido 50-50 a través del cual se le coloca un tributo adicional a las trasnacionales.

El 24 de noviembre de 1948 un nuevo golpe militar, esta vez sin tinte partidista claro, derrocó al presidente Gallegos. En el cuarto año del bachillerato los profesores de Historia contemporánea de Venezuela enseñan que al autor de Doña Bárbara lo derrocó mister Danger por el asunto de los impuestos, pero dado el tratamiento que la dictadura del coronel Marcos Pérez Jiménez le dio al petróleo; lo que realmente privó para que las trasnacionales tumbaran a nuestro Santos Luzardo fue la decisión irrevocable de no entregar nuevas concesiones y avanzar en la creación de una industria venezolana del petróleo.

Cuando el 13 de febrero de 1959 Rómulo Betancourt asume la Presidencia de la República nombra a Pérez Alfonzo como ministro de Minas e Hidrocarburos y éste diseña lo que llamó el “pentágono petrolero”. Lo lados de ese pentágono eran: 1) No más concesiones, 2) la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), 3) Participación máxima en los beneficios de la industria a través de una progresiva adecuación de los tributos, 4) La creación de la Opep y 5) Una política de conservación y fiscalización de yacimientos y valoración del gas del que las concesionarias disponían a sus anchas.

Los gobiernos de Raúl Leoni y Rafael Caldera aunque hicieron reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Impuestos sobre la Renta para autorizar los llamados contratos de servicio con la CVP, la creación de nuevos mecanismos para fijar los precios del crudo y la actualización de los tributos a los que la República tenía derecho, mantuvieron el criterio de no más concesiones y el horizonte del año 1983 como el fin de todas ellas.

Pero las trasnacionales del petróleo no estaban dispuestas a entregar sin pelear las concesiones sobre territorio venezolano que habían detentado por más de medio siglo y en una muy particular interpretación de la ley, argumentan que la futura nacionalización, prevista para 1983 con el fin del régimen de concesiones, no incluía a las refinerías, oleoductos, puertos de embarque y almacenamiento.

Pérez Alfonzo y otros venezolanos debaten dentro y fuera del Congreso de la República los verdaderos alcances del fin de las concesiones y el Poder Legislativo nacional responde a las pretensiones de las trasnacionales aprobando en 1971 la Ley de Bienes Afectos de Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos de acuerdo con la que, en 1983, hasta la última válvula, el último tornillo que hubiera en las áreas otorgadas bajo concesión pasaría a ser propiedad del pueblo venezolano. A esa altura de la historia la CVP tenía 12 años para prepararse y asumir en 1983 el control absoluto de una industria que ya estaba entre las principales del mundo. ¿Qué nos pasó? ¿El fantasma del gendarme revivió? Es quizás un poco simplista culpar sólo a Carlos Andrés Pérez (CAP) por el giro que dio la historia pero en esencia esto fue lo que ocurrió.

CAP promulga el 29 de agosto de 1975 la Ley que Reserva al Estado la Industria de los Hidrocarburos, mejor conocida como Ley de Nacionalización, y al día siguiente, mediante decreto ejecutivo número 1.123 crea Petróleos de Venezuela, no en la idea perezalfonsiana de una compañía nacional con criterios venezolanos, sino como una casa matriz a la que le nacieron de imprevisto unas filiales como hijos bastardos. Como CAP dio por terminadas las concesiones antes de su fecha de vencimiento, le reconoció a las trasnacionales indemnizaciones millonarias por los 8 años de operaciones que aún les quedaban, pero, además, les otorgó suculentos contratos en materia de comercialización y tecnologías que, detalles más, detalles menos, le aseguraban a las hasta entonces concesionarias control sobre la naciente industria nacional. Al llegar las 12 de la noche del 31 de diciembre de 1975, las 14 operadoras que bajo la figura de concesionarias operaban en el territorio de la República se convirtieron en las filiales de Pdvsa. Creole se llamó Lagoven; Amoco, Amoven; Shell, Maraven; Phillips, Roqueven; Talon, Taloven; Mito Juan, Vistaven; Mene Grande Oil Company, Meneven; Las Mercedes, Guariven; Sun, Palmaven; Sinclair, Bariven; Mobil, Llanoven; Chevron, Boscanven; Texas, Deltaven y la CVP se convirtió de instituto autónomo –un fuerte criterio institucional- en compañía anónima. Para 1978 solo quedaban Lagoven, Maraven, Llanoven y Corpoven atadas a través de contratos de comercialización y tecnologías a Shell, Exxon, Texaco, Chevron. Juan Pablo Pérez Alfonzo la calificaría como una “nacionalización chucuta”.

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**Fuente:** https://panorama.onl/ciudad/analisis-a-40-anos-de-la-llamada-ley-de-nacionalizacion-del-petroleo-20150828-0039.html
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